Por Bruno Cortés
A pesar de que Adán Augusto López, coordinador de Morena, asegura que «se está ganando la batalla a la inseguridad», las cifras oficiales pintan un cuadro diferente en México. Hasta octubre de 2024, se han registrado 25,324 víctimas de homicidios dolosos según el SESNSP, y al menos 43 aspirantes políticos han sido asesinados en el contexto electoral de este año, desmintiendo la narrativa de mejora en la seguridad pública.
Adán Augusto López, en su papel de coordinador del partido oficialista, ha reiterado en diversas ocasiones que la violencia en el país ha disminuido bajo la administración actual. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentan una realidad más sombría. En 2024, el número de homicidios dolosos no solo sigue siendo alto, sino que la violencia política ha alcanzado niveles preocupantes, con 176 asesinatos potencialmente vinculados a los comicios.
La percepción de inseguridad entre los ciudadanos mexicanos también contradice las declaraciones gubernamentales. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que más del 59% de los adultos mayores de 18 años en México aún perciben su ciudad como insegura para vivir. Este dato se agrava cuando se considera que la violencia no solo se centra en los grandes centros urbanos sino que alcanza a todos los rincones del país, como lo demuestran los asesinatos recientes del magistrado Edmundo Román Pinzón en Acapulco y del diputado Benito Aguas Atlahua en Veracruz.
El aumento en la violencia contra políticos y aspirantes a cargos públicos pone en evidencia las limitaciones de las estrategias de seguridad actuales. A pesar de la presencia de la Guardia Nacional y las políticas de prevención del delito, la influencia del crimen organizado parece no haber disminuido, y en algunos casos, se ha intensificado. La dependencia en las fuerzas militares para labores de seguridad ha sido objeto de críticas, tanto por su efectividad a largo plazo como por las posibles violaciones a derechos humanos que podrían derivarse de esta militarización.
En conclusión, mientras el discurso oficial intenta proyectar una imagen de control y mejora en la seguridad, la realidad contada por las cifras oficiales y las experiencias vividas por la población mexicana sugiere una narrativa diferente, donde la batalla contra la inseguridad aún está lejos de ganarse. Esto genera un debate profundo sobre la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad y plantea interrogantes sobre la transparencia y la verdad en las comunicaciones gubernamentales.