Por Bruno Cortés

La infraestructura carretera en México es clave para conectar regiones, fomentar el comercio y, sobre todo, garantizar la seguridad vial. Sin embargo, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional (PAN), levantó la voz recientemente para señalar una decisión del gobierno federal que podría afectar gravemente la seguridad y el desarrollo de las comunidades, especialmente en Jalisco.

En 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomó una decisión que dejó a muchas empresas y gobiernos locales con las manos vacías: canceló las licitaciones del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Este programa, que generalmente incluye trabajos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de tramos carreteros, puentes y otros puntos de conflicto en la red vial del país, ya había destinado 11 mil millones de pesos para su ejecución. Sin embargo, esos recursos fueron reservados por la SHCP, impidiendo que las empresas pudieran participar en los concursos que se habían convocado.

Borboa Becerra explicó que las licitaciones que se cancelaron abarcarían tareas fundamentales, como la conservación periódica de carreteras, la reconstrucción de puentes dañados, la mejora de la señalización y el monitoreo de los trabajos en todo el país. Estos proyectos no solo son esenciales para mantener la red vial en buen estado, sino también para apoyar a empresas locales que participan en las obras.

El impacto en Jalisco fue inmediato. El diputado señaló que la cancelación de estos trabajos representó la pérdida de una inversión federal significativa para el estado, lo que agravó aún más el abandono de las carreteras en la región. Según sus cálculos, las afectaciones para Jalisco ascendieron a 379 millones de pesos, dinero que no solo era necesario para el mantenimiento de las vías, sino también para evitar tragedias, ya que algunas carreteras de la entidad, como la 80 y la 200, ya estaban prácticamente intransitables.

Frente a este panorama, Borboa Becerra presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la SHCP que asignen los recursos necesarios para la conservación y reconstrucción de las carreteras federales en Jalisco durante el ejercicio fiscal de 2025. El diputado recordó que el propio gobernador de Jalisco ha expresado su preocupación por la insuficiencia del presupuesto federal destinado a la recuperación de las carreteras, mencionando que el estado requiere alrededor de 12 mil millones de pesos para tener una infraestructura adecuada.

La cancelación de estos proyectos de conservación ha generado una gran preocupación no solo por el deterioro de las vías, sino también por el riesgo que representan para las familias que transitan por ellas a diario. Las carreteras dañadas ponen en peligro la seguridad de miles de mexicanos y pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico de las regiones más afectadas.

Este tema pone sobre la mesa una pregunta importante: ¿cómo se priorizan los recursos federales cuando hay sectores tan vitales como el de la infraestructura que requieren atención urgente? En este caso, el retraso en la inversión para la conservación de carreteras no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo el bienestar de las comunidades y las economías locales que dependen de una infraestructura adecuada para su desarrollo.