CDMX a 3 de septiembre, 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este lunes, en una sesión privada, rechazar la solicitud de la ministra Lenia Batres Guadarrama para tomar “medidas necesarias” en contra del paro de labores en el Poder Judicial. Con nueve votos en contra y solo dos a favor —los de las ministras Batres Guadarrama y Yasmin Esquivel Mossa—, el Pleno desestimó la propuesta que buscaba evitar la paralización de actividades judiciales, argumentando que esto podría “lesionar el acceso a la justicia”.
Lenia Batres había solicitado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), amparada en el artículo 11, fracciones XIX y XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tomara medidas para “garantizar la función jurisdiccional” y evitar que el paro afecte la operatividad de los tribunales y el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.
En el documento presentado, Batres argumentó que la única organización que había reivindicado este paro era una asociación civil sin personalidad jurídica suficiente para promover una suspensión laboral en un poder del Estado. Destacó que dicha asociación, aunque integrada por personas juzgadoras, no tiene el alcance para emitir declaratorias formales de suspensión de labores, pues estas son atribuciones del CJF, encargado constitucionalmente de la administración y disciplina del Poder Judicial.
La ministra también destacó que permitir que el interés económico de los funcionarios judiciales prevalezca sobre el interés general de los trabajadores pondría en riesgo la confianza y credibilidad del Poder Judicial ante la sociedad mexicana.
Sin embargo, el Pleno de la SCJN no respaldó la postura de Batres. Con una votación mayoritaria en contra, se decidió no intervenir en el paro de labores, lo que algunos interpretan como un respaldo tácito al derecho de los trabajadores del Poder Judicial de manifestarse y suspender actividades si consideran que sus derechos están siendo vulnerados.
El rechazo a la solicitud de la ministra Batres ha generado diversas reacciones dentro y fuera del ámbito judicial. Mientras algunos ven la decisión del Pleno como una defensa de la autonomía del Poder Judicial y de los derechos laborales, otros consideran que se debió tomar una postura más firme para asegurar la continuidad en la impartición de justicia.
Por ahora, el paro de labores en el Poder Judicial continúa, y el debate sobre el equilibrio entre derechos laborales y la necesidad de mantener la operatividad judicial sigue abierto en México.