Editor web Maya Comunicación 
Ciudad de México, 22 de agosto de 2023.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución para detener la distribución de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila. Esto, luego de recibir una controversia constitucional por parte del Gobierno de la entidad para solicitar dicha suspensión.
De acuerdo con el dictamen publicado en la lista de notificaciones de la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la SCJN, con referencia al trámite con el folio 412/2023, en primera instancia se aceptó la procedencia de la inconformidad. No obstante, también se dio a conocer la suspensión solicitada.
Coahuila es el segundo estado del país, junto con Chihuahua que obtuvo un amparo para evitar la distribución del material educativo.
“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos precisados en este proveido. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, se lee en el documento emitido por la SCJN.
La resolución fue dictada por el ministro Luis María Aguilar Morales.
La controversia de constitucionalidad interpuesta por el gobierno encabezado por el priista Miguel Riquelme contra la SEP señala que: “De las autoridades referidas anteriormente, en el ámbito de sus respectivas competencias se reclama la orden y/o autorización de elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica”.
Cabe mencionar que, aunque los libros no serán distribuidos para el ciclo escolar 2023-2023, cuyo inicio está contemplado por la SEP para el próximo lunes 28 de agosto de 2023, la decisión no se trata de una suspensión definitiva.
En ese sentido, esta se dará a conocer una vez que se dicte una resolución de fondo a la controversia interpuesta por la autoridad estatal.
La decisión todavía puede ser impugnada por la Administración Federal.
