CDMX a 22 de octubre, 2024.- La Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el centro de un debate judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma. El encargado de analizar este caso será el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien rechazó la solicitud de suspender la aplicación de la reforma mientras se desarrolla el proceso.
Los partidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Unidad Democrática de Coahuila y legisladores de Zacatecas presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Su petición principal era que la SCJN suspendiera temporalmente la reforma para evitar que esta generara efectos irreparables en los derechos de las personas afectadas. Sin embargo, el ministro González Alcántara determinó que, según el marco legal, la simple admisión de una acción de inconstitucionalidad no justifica la suspensión de la norma, lo que marca una diferencia clave con los procesos de controversia constitucional, donde sí se contempla la suspensión temporal de los efectos de la norma.
El proceso no se detiene. La Corte solicitará a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los 32 congresos locales que rindan informes detallados sobre el proceso que siguieron para aprobar la reforma. Además, la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá emitir un pronunciamiento dentro de los próximos 10 días. El Instituto Nacional Electoral (INE) también deberá remitir copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos promoventes, en un plazo de tres días.
Mientras tanto, el ministro González Alcántara Carrancá ya trabaja en un proyecto de sentencia que será discutido por el Pleno de la SCJN. Este debate no solo analizará los aspectos técnicos de la reforma, sino también su impacto en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial en México.
La Reforma Judicial de AMLO ha generado divisiones tanto en el ámbito político como social. Sus críticos la consideran una amenaza a la independencia judicial, argumentando que podría aumentar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Por otro lado, sus defensores aseguran que es una medida necesaria para mejorar la transparencia y eficiencia de las instituciones judiciales del país.
La SCJN se enfrenta ahora a la tarea de determinar si esta reforma respeta los principios constitucionales o si, por el contrario, viola derechos fundamentales o el equilibrio de poderes. La resolución podría tener un impacto significativo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en México.