SCJN analizará constitucionalidad de la reforma judicial de AMLO tras votación de ministros
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 3 de octubre, 2024.- Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante al decidir que analizará la constitucionalidad de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En una votación mayoritaria de 8 ministros a favor y 3 en contra, el Pleno aceptó la consulta presentada por la ministra presidenta, Norma Piña, la cual había sido solicitada por jueces y magistrados preocupados por las implicaciones de la reforma.
Los ministros que votaron a favor de revisar la reforma judicial incluyen a Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo. Por otro lado, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra de la revisión.
La reforma judicial impulsada durante el sexenio de AMLO ha sido objeto de controversia por los cambios propuestos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, lo que llevó a jueces y magistrados a solicitar esta consulta para determinar si dichos cambios son constitucionales.
Esta votación representa un importante paso en la batalla judicial sobre el control y la independencia del Poder Judicial en México. La decisión de la Suprema Corte no implica un bloqueo inmediato de la reforma, pero sí abre la puerta a un análisis detallado de su legalidad, lo que podría influir significativamente en el futuro del sistema judicial del país.
En particular, la ministra presidenta Norma Piña ha desempeñado un papel clave al impulsar esta consulta dentro del Pleno de la Corte, lo que demuestra su compromiso con la transparencia y la revisión de los cambios propuestos en las leyes que afectan directamente la independencia de los jueces y magistrados.
Con esta votación, la Suprema Corte asumirá la tarea de evaluar si la reforma impulsada por López Obrador respeta los principios constitucionales y los derechos fundamentales, y si su implementación es viable en el marco legal vigente.
