CDMX a 26 de junio, 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto sobre la mesa un importante desafío legal al admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad contra el polémico Fondo de Pensiones del Bienestar. Este recurso, promovido por legisladores de oposición, cuestiona la constitucionalidad del decreto que dio vida a este fondo, ahora bajo la lupa judicial.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf liderará la elaboración del proyecto que podría sentar precedentes significativos en el manejo de los recursos públicos. Según los argumentos de los diputados, la creación de este fondo implicó una supuesta confiscación de alrededor de 40 mil millones de pesos pertenecientes a los ahorros de personas mayores de 70 años, generando preocupaciones sobre la transparencia y el control de estos fondos por parte del gobierno.
Una acción de inconstitucionalidad es un recurso exclusivo ante la SCJN que busca asegurar el cumplimiento estricto de la Constitución Federal cuando se considera que una ley o decreto la contraviene. En este caso, se espera que el proceso judicial continúe con la presentación de informes por parte de la parte demandada, seguido por la elaboración del proyecto de sentencia por parte de la ministra instructora.
El Pleno de la Corte, compuesto por once ministros, decidirá con al menos ocho votos a favor si el decreto que creó el Fondo de Pensiones del Bienestar es inconstitucional. De no alcanzarse esta mayoría, el proyecto se desestimará, lo que implicaría que el fondo continuaría en operación bajo las condiciones actuales.
Este caso no solo plantea interrogantes sobre la legalidad del manejo de fondos públicos, sino que también refleja la tensión política y jurídica en torno a las políticas de bienestar implementadas por el gobierno actual. La resolución final tendrá implicaciones significativas para el futuro de la gestión financiera y el control constitucional en México.