Samuel veta a De la Garza y ahora busca tumbar todo el proceso para luego negociar

El gobernador Samuel García se mantuvo firme en el plan inicial de vetar a Adrían De la Garza para la Fiscalía General, respondiendo así a la encrucijada planateada desde el Congreso entre el ex alcalde regio y su ex colaborador Genaro García, muy apuntado por la actual administración de Luis Donaldo Colosio por supuestos manejos irregulares.

Ahora el Ejecutivo estatal intentará que el Tribunal Colegiado federal tumbe todo el proceso. Fuentes de Palacio de Cantera dijeron a este medio que el foco jurídico estará en que la oposición cometió un exceso en el Congreso al avanzar tanto en el proceso de selección que eso debería abrir una ventana para anular todo lo sucedido de las entrevistas a los candidatos a la actualidad.

El cabildeo judicial de MC para tal finalidad está en movimiento tanto a través de funcionarios, como es el caso del titular de la UIFE, Carlos Mendoza, hasta jueces, magistrados y ciertos abogados de corte corporativo que tienen afinidad con García.

Bajo esta dinámica, la Fiscalía quedaría a cargo del interino durante varios meses hasta que el gobernador encuentre mayores condiciones políticas para negociar. Esto dependerá de dos aspectos centrales. Por un lado recuperar la buena sintonía con la 4T, cuyos diputados votan contra MC en el Congreso sin que nadie llame desde Segob para impedirlo. Debe decirse: el silencio de Clara Luz Flores, protagonista de Morena en la entidad, sobre este pleito está muy calculado.

El otro foco a tener en cuenta es el de la arena legislativa. Existe una teoría en el staff de MC de que en marzo las condiciones en ese terreno serán más favorables. De momento no hay grandes precisiones sobre qué aspecto estructural va a cambiar. Lo cierto es que ese tiempo le da aire al Ejecutivo para conseguir su Presupuesto.

Será interesante observar si el diálogo tiene alguna chance de retomarse, especialmente si se considera que para la oposición el gobernador ha incumplido acuerdos de modo compulsivo. Y en caso de que esa negociación suceda, ¿Quién será el próximo fiscal?

No es menor el tema porque el Gobierno estatal esgrime una retórica de que pretende un técnico lejano a la política, un abogado o académico de prestigio. Pregunta ineludible: ¿Puede un técnico de esos ámbitos asumir una Fiscalía a todas luces deficiente y bajar los inquietantes números de inseguridad? Porque se trata de una misión que muchas veces no cabe en códigos de procedimientos, aunque nadie lo diga en voz alta.