En un escenario de creciente tensión política, dos temas de relevancia internacional marcaron la agenda esta semana. El primero, la presión de Estados Unidos sobre sus aliados de la OTAN para que aumenten su gasto militar a un nivel histórico, y el segundo, la polémica declaración del primer ministro belga, Bart De Wever, sobre la orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ambos casos reflejan la complejidad de las relaciones internacionales y el papel de Europa en un mundo cada vez más dividido.
Durante su reciente visita a Bruselas, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lanzó un mensaje claro a los países miembros de la OTAN: el compromiso de destinar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a gasto militar debe convertirse en una prioridad. En su intervención, Rubio enfatizó que aunque no se espera que se alcance este objetivo en el corto plazo, es imperativo que los países europeos establezcan un plan concreto para cumplir con esta meta. Este llamado de atención se da en un contexto de preparación para la cumbre de la OTAN en La Haya, donde se espera que los países aliados discutan un nuevo compromiso de defensa.
Este tema no es nuevo. Desde su mandato, el expresidente Donald Trump había criticado a Europa por no contribuir lo suficiente a la defensa colectiva, viéndolo como una dependencia excesiva de la protección estadounidense. Sin embargo, a pesar de la presión, algunos líderes europeos como Mark Rutte, secretario general de la OTAN, han reconocido que Europa ha realizado el «mayor aumento en gasto militar desde la Guerra Fría», aunque también admiten que aún se necesita más para estar a la altura de las expectativas estadounidenses.
Mientras tanto, la situación de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha desatado una nueva controversia. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en mayo del año pasado una orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad debido a su papel en las ofensivas militares en Gaza desde octubre de 2023. A pesar de esta orden internacional, el primer ministro belga, Bart De Wever, expresó públicamente que Bélgica no detendría a Netanyahu si este visitara su país.
Sus palabras desataron una ola de críticas tanto dentro como fuera de Bélgica. De Wever, conocido por sus posiciones conservadoras, argumentó que ningún país europeo, ni siquiera Francia, cumpliría con la orden de la CPI. En respuesta, Paul Magnette, líder del Partido Socialista belga, defendió la necesidad de cumplir con el mandato de la Corte, calificándolo de “obligación legal y moral”. A nivel internacional, diversas organizaciones de derechos humanos también rechazaron las declaraciones de De Wever, recordando a Bélgica su compromiso con el Estatuto de Roma, que obliga a los países a colaborar con la CPI.
Este dilema entre cumplir con las decisiones de la Corte Penal Internacional y mantener relaciones diplomáticas con Israel refleja las tensiones internas que enfrenta Europa. La postura de Bélgica ha generado un debate profundo sobre el compromiso de los países europeos con la justicia internacional y la forma en que manejan las relaciones con líderes acusados de violaciones graves de derechos humanos.
En medio de este panorama, se vislumbra un futuro incierto para la cooperación internacional, tanto en términos de defensa como de justicia. Mientras los Estados Unidos presionan por un mayor compromiso militar de Europa, Bélgica se ve atrapada entre las demandas de la justicia internacional y sus propias consideraciones políticas internas. A medida que la cumbre de la OTAN se acerca y las tensiones sobre Netanyahu continúan, Europa tendrá que decidir cómo equilibrar sus compromisos con la defensa y los derechos humanos.
