Po Bruno Cortés

A última hora de este viernes, como intentando diluir el impacto de la noticia, Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa. Esta movida política responde directamente a las fuertes acusaciones provenientes del gobierno estadounidense, obligando al mandatario a hacer una pausa en su chamba para enfrentar el embate legal que lo tiene contra las cuerdas.

El cambio de postura fue drástico y agarró a varios en curva, pues hace apenas unas horas, el propio mandatario descartaba dejar el cargo. Durante sus declaraciones previas, aseguraba con toda seguridad: “no temo ser detenido, solo temo no tener vida suficiente para dar seguimiento al proceso judicial… si es que este se establece”.

Sin embargo, así cambian las cosas cuando la presión aprieta. Estar en la mira de las autoridades internacionales no es cualquier bronca, y la necesidad de facilitar las indagatorias en su contra terminó pesando muchísimo más que las declaraciones de resistencia iniciales vertidas frente a la prensa.

Con el mandatario temporalmente fuera de la jugada, los reflectores apuntan directo hacia Yeraldine Bonilla, actual secretaria de gobierno de Sinaloa. Ella sería la encargada de fungir como gobernadora provisional del estado, siempre y cuando el Congreso local le dé luz verde y apruebe formalmente la solicitud de licencia.

Este eventual relevo trae al presente viejas rencillas y comentarios desafortunados de la política local. En su momento, Rubén Rocha Moya se expresó de manera misógina respecto a Bonilla, afirmando que era una «meserita de una lonchería de Dimas». Ahora, las vueltas que da la grilla la perfilan para tomar las riendas del poder en plena tormenta.

El trasfondo de este sismo institucional radica en los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado. Ante esta coyuntura, la Fiscalía General de la República (FGR) en México ya turnó el expediente, buscando tener los pelos de la burra en la mano antes de proceder con cualquier acción penal o de extradición.

La sacudida en la cúpula del poder sinaloense tuvo un efecto dominó innegable. Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, también tuvo que pedir esquina y solicitó licencia temporal a su cargo casi de manera simultánea, ya que su nombre también figura en la lista de personajes investigados por el país vecino, dejando a la administración local operando a marchas forzadas.

Para la ciudadanía de a pie, es vital comprender que el aparato estatal no se detiene. Todos los trámites, servicios públicos y programas sociales continúan vigentes bajo la administración interina; los sinaloenses pueden tener la certeza de que las dependencias siguen chambeando de manera regular mientras se define el futuro de la silla grande.

Finalmente, el desenlace de este capítulo dependerá del peso real de las pruebas enviadas desde Washington. Mientras tanto, la entidad entra en una fase de transición donde las instituciones tendrán que rifársela para mantener la estabilidad, recordando que, en esta arena política, las licencias exprés suelen ser apenas la punta del iceberg.