Por Bruno Cortés

Entre las paredes austeras del salón de prensa del Palacio Legislativo, Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, alzó un ejemplar de la iniciativa de reforma a la Ley de Desaparición de Personas enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con gesto firme y voz proyectada hacia los micrófonos, declaró: “Este texto no protege los derechos de las víctimas ni garantiza justicia”. A su lado, diputados de su bancada asentían, mientras cámaras capturaban el momento en que el priista desplegó una contrapropuesta: una reforma constitucional que blinde la búsqueda de desaparecidos.

Un diagnóstico crítico con soluciones concretas

Moreira Valdez no se limitó a cuestionar la iniciativa presidencial —que calificó de “anacrónica” y “sin presupuesto”—, sino que presentó una alternativa detallada. Su propuesta busca modificar el artículo 102 de la Constitución para establecer que la búsqueda de personas sea una obligación “indelegable” del Estado, con acciones coordinadas entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), fiscalías y gobiernos locales. “Sin rango constitucional, cualquier ley será letra muerta”, afirmó, sosteniendo un documento que delineaba cómo evitar que familias pierdan bienes o enfrenten deudas por la desaparición de un ser querido.

Inclusión de víctimas: el eje olvidado

El legislador subrayó que las reformas secundarias deben construirse con las “madres buscadoras” y expertos nacionales e internacionales. “No podemos legislar desde un escritorio mientras ellas excavan la tierra con sus manos”, dijo, evocando imágenes de colectivos como los de Jalisco o Coahuila. Su llamado resonó como un reclamo a incluir voces que, según organizaciones como el Centro Prodh, han sido históricamente ignoradas en las políticas públicas.

La sombra de Teuchitlán y la Comisión de la Verdad

Uno de los planteamientos más contundentes fue la exigencia al gobierno de Jalisco para crear una Comisión de la Verdad que investigue la tragedia de Teuchitlán, donde decenas de restos han sido hallados en fosas clandestinas. Moreira propuso involucrar a instituciones académicas como el ITESO o El Colegio de México, cuyos modelos forenses han sido clave en estados como Nuevo León. “La verdad no se negocia; se construye con rigor”, sentenció, mientras proyectaba en una pantalla cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas: más de 110,000 casos sin resolver.

Cuestionamientos a la estrategia de seguridad

El priista también criticó la falta de transparencia en las acciones del gobierno federal. Al referirse a la convocatoria de la Secretaría de Seguridad para reclutar jóvenes en tareas de inteligencia, ironizó: “Actúan con PowerPoints, no con planes”. Exigió claridad sobre el financiamiento de la Guardia Nacional y denunció la ausencia de una Estrategia Nacional de Seguridad integral. “No hay paz sin justicia”, remarcó, mientras sostenían detrás de él una gráfica con el aumento del 12% en homicidios dolosos durante el último año.

Autonomía vs. centralismo: el debate pendiente

Uno de los pilares de su reforma es garantizar autonomía técnica y presupuestal a la CNB, actualmente bajo el Poder Ejecutivo. “La búsqueda no puede depender de ciclos políticos”, argumentó, citando casos como el de la Fiscalía de Sonora, donde la falta de recursos ha paralizado identificaciones forenses. Expertas como María Sirvent, del Instituto de Justicia Procesal Penal, respaldan esta postura: “La independencia evita que las comisiones se conviertan en oficinas burocráticas”.

Rechazo a las ‘farsas’ judiciales

Moreira condenó el proceso de elección popular de jueces y magistrados, impulsado por Morena, como un “salto al abismo”. “¿Cómo votará un ciudadano por quien resolverá sus conflictos legales?”, cuestionó, mientras mostraba un informe del IMCO donde el 78% de los mexicanos desconfía del sistema judicial. Propuso, en cambio, aumentar presupuestos para fiscalías y tribunales, una demanda histórica de organismos como México Evalúa.

Un llamado a la unidad legislativa

Finalmente, el coordinador priista urgió a dialogar en un periodo extraordinario con el Senado para evitar que la reforma se apruebe “a ciegas”. “Morena no puede imponer su visión sin consenso”, insistió, mientras repartía copias de su iniciativa entre periodistas. Su tono, aunque crítico, dejaba entrever un guiño a la negociación: en un hemiciclo fragmentado, la búsqueda de desaparecidos podría ser el tema que una a una clase política fracturada.