El delito de extorsión ha sido uno de los más comunes y dañinos en México, afectando a miles de personas cada año. Conscientes de este problema, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), ha propuesto una reforma al artículo 390 del Código Penal Federal con el objetivo de aumentar las penas por extorsión, especialmente cuando las víctimas sean grupos vulnerables, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores o indígenas.

En la legislación actual, se establece que la pena por extorsión es de entre dos y ocho años de prisión, además de una multa de 40 a 60 días. Sin embargo, Mejía Berdeja busca que cuando la extorsión afecte a personas de los grupos mencionados, la pena se aumente hasta en un 50%. Además, la reforma también modifica el concepto de extorsión para ampliar su definición y considerar más formas de coacción, como violencia, amenazas e intimidación.

La propuesta también establece que, si la extorsión causa daño físico, psicológico, moral o patrimonial a la víctima, las penas serán las mismas. En casos donde el agresor pertenezca a una organización delictiva o actúe desde dentro de un centro de reclusión, la pena también se incrementará. Además, se contempla la reparación del daño y el acompañamiento a las víctimas a lo largo de todo el proceso.

Según el diputado, la extorsión en México ha ido en aumento y afecta de manera distinta a las personas, dependiendo de su contexto social, económico, educativo, o de género. En 2024, se reportó que por cada 100 mil habitantes, 23 mil 323 fueron víctimas de extorsión, convirtiéndola en uno de los tres delitos más comunes en el país, solo por debajo del fraude y el robo.

Este fenómeno no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también altera su estabilidad emocional y genera un profundo miedo en las comunidades, afectando la percepción de seguridad. A pesar de su alta incidencia, la extorsión tiene una tasa de impunidad cercana al 100%, lo que hace aún más urgente la necesidad de reformar las leyes.

La propuesta del diputado Mejía se dirige a actualizar un artículo del Código Penal que data de 1984, con una reforma realizada en 1994. Desde entonces, la actividad criminal ha cambiado y diversificado, por lo que la ley ha quedado obsoleta, lo que justifica la necesidad de un ajuste que responda a las nuevas realidades del crimen organizado en el país.

Con esta reforma, Mejía busca no solo endurecer las penas, sino también brindar una mayor protección a quienes más sufren los embates de este delito, especialmente aquellos que ya enfrentan otras formas de vulnerabilidad social. Ahora, la propuesta está siendo analizada por la Comisión de Justicia, y se espera que en los próximos meses, de ser aprobada, contribuya a un México más seguro y justo para todos.