Ricardo Anaya alerta: ‘Morena se pone por encima de la Constitución’ tras nueva reforma constitucional
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
Ricardo Anaya advirtió que la reforma aprobada por Morena en el Senado, que impide impugnar cambios a la Constitución, representa un grave riesgo para los derechos humanos en México. Según el senador, al prohibir amparos y acciones de inconstitucionalidad, se abre la puerta para que futuras reformas, incluso aquellas que vulneren derechos fundamentales, no puedan ser cuestionadas legalmente, dejando a los ciudadanos sin protección ante posibles abusos.
En un ambiente caldeado y lleno de tensión, el senador Ricardo Anaya Cortés, una de las voces más críticas de la oposición, no se anduvo con rodeos tras la aprobación de la polémica reforma constitucional que limita los recursos legales para impugnar modificaciones a la Carta Magna. Durante una entrevista a las afueras del Senado, Anaya dejó claro que lo aprobado “es gravísimo”, y que representa un riesgo directo para la ciudadanía y el Estado de derecho en México.
¿De qué va la reforma y por qué es tan preocupante?
La reforma, que afecta los artículos 105 y 107 de la Constitución, establece que, a partir de ahora, cualquier cambio o adición a la Carta Magna no podrá ser impugnado ni mediante amparo, ni por acciones de inconstitucionalidad, ni por controversias constitucionales. Anaya fue enfático al señalar que esto otorga a Morena, con su mayoría actual, la capacidad de modificar la Constitución a su antojo, sin posibilidad de revisión judicial, lo que, según sus palabras, es un “atropello” de enormes proporciones.
El senador pintó un panorama sombrío: Morena podrá aprobar reformas a la Constitución sin que el Poder Judicial pueda intervenir, lo que podría dar lugar a decisiones que vulneren el interés nacional. Y lo peor, según Anaya, es que no están pensando a largo plazo. “Estos señores no van a gobernar para siempre”, dijo, sugiriendo que las repercusiones de esta reforma podrían afectar a futuros gobiernos y, en última instancia, a la ciudadanía.
El tema de los derechos humanos en juego
Aunque la reforma al artículo 1º, relacionada con los derechos humanos, fue retirada del dictamen final, Anaya advirtió que el problema persiste. Si bien celebró este retroceso, apuntó que, al prohibir los amparos y otras acciones legales, cualquier futura reforma que atente contra los derechos humanos sería imposible de impugnar. Es decir, en un escenario donde los derechos fundamentales se vean vulnerados, los ciudadanos no tendrán recursos legales para defenderse.
¿Una guerra contra el Poder Judicial?
Anaya no ocultó su percepción de que detrás de esta reforma hay un claro intento de Morena por “acabar con el Poder Judicial”. Según él, el pleito del gobierno con la Corte es evidente, y esta reforma es una especie de «bomba nuclear» para limitar el papel del Poder Judicial en la protección de los derechos ciudadanos. «Quieren sacar su reforma judicial a como dé lugar», añadió.
Los daños colaterales: los ciudadanos en el centro del debate
Para Anaya, quienes realmente sufrirán las consecuencias de esta reforma no son los jueces o los magistrados, sino los ciudadanos mexicanos. “Son los que pagarán los platos rotos”, dijo, refiriéndose a la imposibilidad de impugnar reformas que vayan en contra de sus derechos. La preocupación del senador no es solo por el presente, sino por los efectos a largo plazo que esta reforma podría tener en la estabilidad del sistema jurídico del país.
El papel de la Suprema Corte: ¿La última esperanza?
Aunque la reforma busca limitar el poder de la Suprema Corte, Anaya sugirió que aún existe una posibilidad de que el máximo tribunal del país pueda intervenir. Al reconocer que la reforma se impulsa precisamente para evitar que la Corte se pronuncie, Anaya destacó que esto podría abrir la puerta para que el Poder Judicial todavía tenga algo que decir sobre esta controvertida medida.
El Senado avanza hacia la aprobación definitiva de esta reforma, y la oposición, encabezada por figuras como Ricardo Anaya, se prepara para lo que será una larga noche de debates. Mientras tanto, el país entero observa cómo se desarrolla uno de los episodios más tensos en la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en los últimos años.
