El inicio de esta polémica se dio a partir de las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y Jorge Álvarez Máynez, en contra de la participación de Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y el partido político Morena en diversos eventos y recorridos que consideraron actos anticipados de precampaña y campaña.
En primera instancia, el INE rechazó las medidas cautelares, sosteniendo que los eventos y recorridos asociados al acuerdo de Morena para elegir a la coordinación nacional de la Cuarta Transformación eran válidos. Sin embargo, esta decisión fue impugnada y llevada ante la Sala Superior del TEPJF.
Tras un análisis exhaustivo, el pleno de la Sala Superior, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, determinó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no había cumplido adecuadamente con su deber de realizar un análisis preliminar de los hechos denunciados de manera individualizada para cada persona involucrada. Esta falta de análisis detallado impidió determinar si existía una apariencia del buen derecho y si se justificaban las medidas cautelares solicitadas.
En consecuencia, se ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitir un nuevo acuerdo en el que se determine si los hechos denunciados violan el principio de equidad en la contienda electoral. En caso de que se determine dicha violación, se deberán dictar las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían constituir una infracción y así evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales.
Esta decisión del TEPJF representa un golpe a los aspirantes mencionados y al partido Morena, quienes ahora deberán enfrentar las consecuencias de sus acciones. La coordinación de la Cuarta Transformación, que busca profundizar y dar continuidad al proyecto impulsado por el actual gobierno, se encuentra en una situación de incertidumbre y aún es incierto cómo afectará esto a la construcción de su estrategia política rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.
La decisión de la Sala Superior del TEPJF demuestra la importancia de respetar las reglas y principios que rigen los procesos electorales, garantizando la equidad y transparencia en la contienda política. Ahora, queda en manos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitir un nuevo acuerdo que determine si los hechos denunciados efectivamente violan la equidad en la contienda y tomar las medidas necesarias para frenar cualquier posible infracción.
Sin duda, este tema seguirá generando debates y tensiones en los próximos meses, ya que su resolución podrá tener un impacto determinante en la carrera política de los aspirantes y en los resultados de las elecciones presidenciales del 2024. La mirada de la opinión pública estará puesta en cómo se desarrolla este proceso y si se logra restablecer la equidad en el marco de la contienda política.