Decenas de repartidores de plataformas digitales se manifestaron este jueves frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir audiencia con los ministros. Su protesta surge en contra del impuesto del 2% que las aplicaciones de reparto deben pagar al Gobierno de la Ciudad de México por el uso de la infraestructura capitalina. Aunque la Corte ya determinó que este gravamen no afecta directamente a los trabajadores, los repartidores temen que la carga fiscal termine repercutiendo en sus ingresos.

El artículo 307 TER del Código Fiscal de la CDMX establece que las empresas de reparto deben pagar esta cuota, lo que ha generado polémica desde su implementación. Actualmente, la ministra Loretta Ortiz tiene en sus manos un proyecto que podría amparar a las compañías contra este impuesto. Ante la incertidumbre, el colectivo Repartidores Unidos de México presentó un escrito a la SCJN solicitando que su voz sea tomada en cuenta en la discusión.

Los repartidores argumentan que sus ingresos ya están siendo impactados por otros descuentos y obligaciones fiscales. Georgina Córdova, una de las manifestantes, explicó que la reciente afiliación al seguro social implicará más deducciones en su pago, por lo que cualquier otra retención solo agravará su situación económica. “Para algunos, un 2% puede parecer poco, pero para quienes trabajamos de tiempo completo, puede significar un tanque de gasolina, una comida o la reparación de nuestra bicicleta”, afirmó.

A pesar del fallo de la SCJN en diciembre de 2023, que aclaró que este impuesto no debe ser cubierto por los trabajadores, ellos insisten en que las decisiones que afecten su labor deben tomarlos en cuenta. Aseguran que su trabajo es esencial, como quedó demostrado en la pandemia, y piden que no se les utilice como fuente de ingresos fiscales sin considerar las dificultades que enfrentan día a día en las calles.

El futuro de esta discusión en la Corte podría sentar un precedente importante para los derechos laborales de los trabajadores por aplicación en México. Mientras tanto, el gremio de repartidores se mantiene en pie de lucha, exigiendo que su voz no sea ignorada en una decisión que podría afectar su sustento.