Por Juan Pablo Ojeda
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este viernes 16 de agosto la renuncia voluntaria de Sara Bruna Quiñonez Estrada como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta decisión se produce en medio de una creciente controversia relacionada con la investigación del homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.
En un comunicado publicado en X (anteriormente Twitter), Rocha Moya expresó su reconocimiento a la decisión de Quiñonez, quien decidió dimitir tras la crítica de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la conducción del caso Cuén Ojeda. El gobernador indicó que la renuncia responde a las observaciones formuladas por la FGR y subrayó la importancia de honrar la «honorabilidad» de la fiscal.
El asesinato de Héctor Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio, había sido inicialmente atribuido a un intento de robo de vehículo. Sin embargo, nuevas revelaciones complicaron el caso, incluyendo una misiva del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien alegó que Cuén Ojeda fue asesinado simultáneamente con su propio secuestro. Este giro provocó que la FGR asumiera la investigación, dado el posible vínculo con actividades del narcotráfico.
Las irregularidades en la investigación local llevaron a la FGR a intervenir. Entre las fallas señaladas se encuentran discrepancias en la necropsia, inconsistencias en los testimonios y evidencias de falta de procesamiento adecuado del lugar del crimen y del vehículo involucrado. Además, se reportaron fallos en la preservación del cuerpo, incluyendo su incineración prematura.
Sara Bruna Quiñonez, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa con una destacada trayectoria en el ámbito judicial, había asumido el cargo de Fiscal General en noviembre de 2021. Su renuncia, según Rocha Moya, busca atender de manera exhaustiva las observaciones de la FGR y asegurar la integridad del proceso.
A partir de la renuncia, el gobierno estatal no ha anunciado aún el nombre de su sucesor. La falta de un reemplazo inmediato añade incertidumbre sobre la continuación de la investigación en un caso que ha captado la atención nacional y destaca la tensión entre las autoridades locales y federales.
Con la dimisión de Quiñonez, la atención ahora se centra en la búsqueda de una solución que garantice una investigación justa y transparente, así como en las medidas que se tomarán para abordar las deficiencias identificadas en el proceso investigativo.