En los últimos años, la Ciudad de México ha sido escenario de una transformación urbana que, aunque muchas veces se celebra por sus beneficios estéticos y económicos, también tiene un rostro menos visible: el desarraigo. La gentrificación, ese fenómeno que llega con remodelaciones, cafeterías de autor y desarrollos verticales, está modificando profundamente el paisaje y la vida en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Polanco, San Rafael y Santa María la Ribera.

Este proceso no es nuevo. Inició alrededor de 2001 con programas de rehabilitación urbana que atrajeron capital privado, especialmente en el Centro Histórico. Lo que comenzó como una apuesta por “rescatar” espacios urbanos deteriorados, pronto se convirtió en una estrategia para atraer inversiones de alto perfil, centros comerciales, oficinas corporativas y viviendas para sectores de mayores ingresos. El resultado: un aumento sostenido en los precios de la vivienda y la renta, que ha terminado por expulsar a miles de habitantes originales.

En colonias como la Condesa, por ejemplo, las rentas pasaron de 16 mil 500 pesos en 2020 a más de 17 mil en 2023, mientras que en zonas como Roma y Polanco los aumentos han superado incluso el 100 %. Este encarecimiento ha provocado un desplazamiento involuntario de más de 248 mil personas en las zonas céntricas, muchas de ellas obligadas a mudarse a la periferia o incluso al Estado de México.

Pero la gentrificación no sólo transforma los precios; también modifica la esencia de los barrios. Negocios tradicionales desaparecen, las fiestas populares se diluyen y el espacio público se homogeneiza. Lo que alguna vez fue un mosaico de culturas, clases y generaciones, hoy se convierte en un escaparate de consumo dirigido a un perfil social muy específico. Zonas como Cuauhtémoc y Benito Juárez concentran estos procesos, mientras alcaldías como Iztapalapa permanecen al margen, excluidas de los beneficios y afectaciones del fenómeno.

Ante este panorama, el gobierno capitalino ha comenzado a actuar. Una de las medidas más visibles ha sido la regulación de plataformas como Airbnb, señaladas como uno de los factores clave en el aumento de precios y la llegada masiva de nómadas digitales. Se busca limitar su operación y privilegiar contratos de arrendamiento para residentes permanentes. Además, se discuten reformas legales para garantizar vivienda asequible, preservar el patrimonio cultural y evitar el desplazamiento forzado.

La sociedad civil también ha alzado la voz. Organizaciones vecinales, colectivos urbanos y académicos proponen modelos de desarrollo más inclusivos, donde la renovación no implique expulsión. A través de la autogestión, la participación comunitaria y la exigencia de políticas públicas integrales, intentan frenar la pérdida de identidad de los barrios históricos.

La gentrificación en la CDMX es un fenómeno complejo y profundamente desigual. No se trata de estar en contra del desarrollo, sino de cuestionar a quién beneficia y a quién deja fuera. La ciudad merece crecer sin que sus raíces se arranquen de tajo. Preservar la diversidad, garantizar el derecho a la vivienda y promover un urbanismo con rostro humano es el reto que hoy enfrenta la capital.