La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este mes el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, un proyecto de reingeniería institucional diseñado para modificar los esquemas de investigación en delitos de alto impacto. El plan, anunciado por la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, establece una reestructuración administrativa focalizada en el combate al feminicidio, la extorsión y la desaparición de personas a nivel nacional.
El núcleo de la propuesta radica en una reasignación presupuestal y operativa destinada a la reducción de cargas burocráticas dentro de la fiscalía. Los recursos liberados tras la eliminación de duplicidades administrativas serán transferidos de forma directa a las áreas ministeriales, periciales y a los sistemas de recolección de inteligencia de la institución.
En términos de logística territorial, el documento proyecta un esquema de despliegue de personal técnico y operativo hacia los municipios clasificados estadísticamente como prioritarios debido a sus índices de criminalidad. Esta movilización descentraliza las capacidades de la fiscalía, trasladando los recursos de investigación directamente a las zonas con mayor incidencia de delitos graves.
La reestructura incluye el fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mediante la integración de nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia forense. La adquisición y actualización de bases de datos biométricas, sistemas de rastreo y laboratorios periciales constituyen el eje material sobre el cual se pretende ejecutar el cambio metodológico de la institución.
El modelo operativo documentado en el plan marca una transición oficial desde un sistema reactivo, dependiente de la denuncia ciudadana presencial, hacia uno de persecución penal estratégica. Este nuevo enfoque requiere la sistematización de datos a gran escala para identificar patrones delictivos, redes operativas y estructuras financieras de los grupos criminales antes de la comisión de nuevos delitos.
La creación de unidades especializadas para los rubros de extorsión, feminicidio y desapariciones centralizará las investigaciones complejas que antes se fragmentaban en múltiples carpetas locales. Estas unidades operarán bajo criterios estandarizados de recolección de evidencia, unificando los protocolos de actuación en todo el territorio federal.
Para medir la eficacia de esta reingeniería, la FGR deberá establecer una línea base estadística de resoluciones judiciales. El éxito de la reasignación de recursos y del despliegue pericial se cuantificará mediante la tasa de vinculaciones a proceso y la reducción documentada del rezago en las carpetas de investigación durante el periodo 2026-2029.

