Ciudad de México, 4 de octubre de 2023.- En un paso determinante para combatir la degradación ambiental, el Congreso capitalino ha aprobado reformas que aumentan drásticamente las penas por daños ilegales a la vegetación. Este movimiento surge en respuesta a la tala rampante que ha afectado a áreas protegidas y suelos de conservación en la Ciudad de México.
Estas modificaciones al Código Penal local, presentadas por diversas figuras políticas, incluyendo al jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se centran en penalizar fuertemente a quienes dañen, comercien o almacenen árboles y productos forestales sin autorización. Las sanciones se intensifican especialmente cuando los delitos son cometidos por servidores públicos o en áreas de conservación.
José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, arrojó luz sobre la gravedad del problema: 400 árboles son derribados diariamente por talamontes, sumando a un escalofriante total de 200,000 ejemplares en 2019.
La Universidad Autónoma Metropolitana ha señalado el daño ecológico de esta tala inmoderada, la cual afecta a los pulmones verdes de la ciudad y pone en peligro los acuíferos de la megalópolis, vitales para el suministro de agua potable.
Las reformas no se detienen ahí: se añaden penalizaciones para quienes causen daños irreparables a ecosistemas de al menos diez hectáreas o contaminen agua y suelo con vertidos químicos. Sin embargo, la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz propuso suprimir la sanción por emisiones contaminantes al aire, alegando ambigüedad y duplicación con sanciones administrativas existentes.
A pesar de estas medidas, algunas voces en el Congreso expresaron preocupación. Royfid Torres González argumentó que aumentar las penas no aborda el problema de raíz, citando datos que indican que solo 17 personas han sido vinculadas por tala ilegal hasta julio de 2023.
Sin embargo, los defensores de la reforma, como las diputadas Larios Pérez y Mateos Hernández, enfatizaron la urgente necesidad de actuar ante los crecientes desafíos ambientales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, para proteger el patrimonio natural de la capital.