Reformas al artículo 105 y 107: El choque de poderes por la inimpugnabilidad constitucional
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
En el Senado, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos encendieron el debate sobre una reforma que podría cambiar el juego entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en México. La propuesta busca modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución para establecer que no procederán las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad contra reformas o adiciones a la Carta Magna. ¿El objetivo? Limitar la capacidad del Poder Judicial de revisar las decisiones del Congreso en materia constitucional.
¿De qué va la reforma?
En palabras simples, esta reforma plantea algo crucial: que ninguna reforma constitucional sea impugnable. En otras palabras, si el Congreso decide modificar la Constitución, el Poder Judicial no podría intervenir para decir si esa decisión fue correcta o no. Este cambio, defendido por senadores como Saúl Monreal Ávila de Morena, parte de la idea de que “ningún poder constituido puede estar por encima del poder constituyente”, es decir, el Poder Judicial no debería tener la última palabra sobre las decisiones del pueblo (representado por el Congreso).
Lo que encendió las alarmas fue la posibilidad de que las reformas afectaran el artículo 1º de la Constitución, relacionado con los derechos humanos y la interpretación de tratados internacionales. Tras una fuerte presión de la oposición, ese punto fue retirado del dictamen, y se mantuvieron únicamente las modificaciones a los artículos 105 y 107, donde se busca reafirmar que el juicio de amparo no proceda contra las reformas constitucionales.
Las posiciones: entre la celebración y el recelo
Por un lado, Morena y sus aliados sostienen que esta reforma busca clarificar lo que ya es una realidad en el sistema jurídico mexicano: que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas. De hecho, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que no habrá «albazos», es decir, sorpresas legislativas, porque el objetivo es simplemente reafirmar lo que ya está previsto en la Ley de Amparo.
Del otro lado del ring, la oposición no está tan convencida. Ricardo Anaya Cortés, del PAN, afirmó que, aunque se logró frenar la reforma al artículo 1º, la propuesta de inimpugnabilidad deja en claro el «pleito» de la mayoría con el Poder Judicial. Para el PAN y otros opositores, este proyecto huele a un intento de reducir el poder de los jueces y de concentrar más control en el Congreso.
Por su parte, Claudia Edith Anaya, del PRI, también celebró la marcha atrás en el tema de los derechos humanos, aunque dejó ver su preocupación por la tendencia del gobierno de querer “salirse” del sistema interamericano de derechos humanos. Para muchos, limitar el papel del Poder Judicial en la revisión de las reformas podría abrir la puerta a leyes que afecten las libertades fundamentales.
La economía política de la reforma
Aunque a simple vista parece un debate técnico, las implicaciones económicas no se quedan atrás. Al limitar el control judicial, se podría generar incertidumbre sobre la estabilidad del marco legal mexicano. Empresas, inversionistas y actores económicos que dependen de reglas claras para operar podrían ver con preocupación un sistema donde las decisiones del Congreso no pueden ser impugnadas, especialmente si esas reformas impactan derechos fundamentales o aspectos clave del marco jurídico.
Por otro lado, los defensores de la reforma aseguran que esto podría darle mayor estabilidad al sistema político, reduciendo el número de amparos o controversias que ralentizan la aplicación de las reformas. En un país donde la justicia puede ser lenta y los procesos judiciales largos, algunos ven en esta reforma una oportunidad para dar mayor certidumbre a las decisiones legislativas.
¿Qué sigue?
El debate está lejos de cerrarse. Mientras los senadores afinan detalles y la oposición exige más tiempo para analizar el dictamen, la discusión sobre el equilibrio entre los poderes y la protección de los derechos humanos seguirá siendo uno de los temas más álgidos en la agenda legislativa. ¿Será que esta reforma fortalecerá al Congreso, o estaremos frente a un retroceso en la defensa de los derechos y libertades en México?
