Por Bruno Cortés
Este martes, las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos aprobaron el avance de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la posibilidad de que autoridades estadounidenses puedan incursionar en México, tras la reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.
La propuesta fue respaldada en las comisiones con 15 votos a favor y uno en contra en Puntos Constitucionales, 12 a favor y 2 en contra en Justicia, y 13 a favor y uno en contra en Estudios Legislativos. Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de controversia, especialmente por parte de los partidos de oposición, quienes la calificaron de innecesaria, repetitiva y como una respuesta política a las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump.
Oposición crítica de la reforma como respuesta simbólica
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la efectividad de la reforma, argumentando que es principalmente de carácter simbólico. Según Barrales, la reforma no podría evitar una incursión militar de Estados Unidos ni frenar la introducción ilegal de armas en México. Añadió que esta acción parece más una estrategia política para demostrar a la población mexicana que se está defendiendo la soberanía nacional, aunque sin resultados concretos en cuanto a la prevención de amenazas reales.
“Nos parece que esta reforma es más una línea política para decirle a los mexicanos que se está defendiendo la soberanía nacional, que una verdadera acción para frenar incursiones militares o el contrabando de armas. Creemos que no es con reformas simbólicas como vamos a detener estas amenazas”, comentó Barrales.
Críticas por la prisión preventiva
Por su parte, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la inclusión en la reforma del Artículo 19, que propone la prisión preventiva para aquellos involucrados en delitos como terrorismo, tráfico de armas, violación del territorio nacional, entre otros. Anaya señaló que esta medida es incompatible con estándares internacionales, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva oficiosa es una figura jurídica que vulnera los derechos humanos, ya que implica encarcelar a una persona sin sentencia previa.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos ha dicho que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con los derechos humanos, porque significa encarcelar a personas que no han sido condenadas”, indicó Anaya.
Soberanía nacional y modificaciones constitucionales
La senadora María Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), también expresó sus reservas sobre la reforma, aunque apoyó su aprobación. Señaló que la soberanía nacional ya está protegida por diversos artículos constitucionales, por lo que la modificación propuesta sería innecesaria y repetitiva. Murguía cuestionó que el gobierno mexicano necesite modificar la Constitución cada vez que se sienta amenazado, sea por decisiones de Estados Unidos o por amenazas de figuras como Joaquín «El Mayo» Zambada, quien recientemente advirtió que si no se logra su repatriación, las relaciones entre México y EE.UU. podrían verse afectadas.
“La soberanía nacional ya está garantizada en nuestra Constitución. No necesitamos una reforma cada vez que el gobierno mexicano sienta que está siendo amenazado. No creemos que esta modificación sea necesaria”, concluyó Murguía.
Conclusiones
La reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum sigue generando intensos debates en el Senado mexicano. Mientras que la administración busca responder a las amenazas externas, especialmente de Estados Unidos, la oposición considera que la reforma es innecesaria y no logra abordar los verdaderos problemas relacionados con la seguridad y la soberanía nacional. Se espera que el debate continúe y que la reforma se discuta en futuras sesiones para evaluar sus posibles implicaciones.
