Reforma legislativa aprobada para fomentar la productividad de comunidades rurales vulnerables
Editor web Maya Comunicación 
A male farmer who is using a shovel to dig the soil in his rice fields.
CDMX a 5 de abril, 2024.- En un paso significativo hacia la reducción de la desigualdad y el fomento de la sustentabilidad en el sector agrícola, el Pleno de la Cámara de Diputados de México ha dado su aprobación unánime a una reforma crucial de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Con 429 votos a favor, esta modificación legislativa se centra en otorgar prioridad a los grupos vulnerables dentro de las políticas públicas y programas sociales, marcando un avance hacia la inclusión y la equidad en el campo mexicano.
La reforma al artículo 86 de dicha ley, ahora en espera de ratificación por el Senado de la República, pretende cerrar las brechas de desigualdad que prevalecen en el campo, haciendo las actividades productivas más eficientes, competitivas y, sobre todo, sustentables. Se establece un compromiso por parte del Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, para dar prioridad a los grupos vulnerables en medidas destinadas a impulsar la productividad, la capitalización de explotaciones y el avance tecnológico en el sector rural.
El diputado Otoniel García Montiel, de Morena, promotor de esta iniciativa, destacó la importancia de realizar adecuaciones legislativas que fortalezcan al sector rural, impulsen la soberanía alimentaria y reduzcan la dependencia del extranjero. Esta modificación normativa busca promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo de comunidades indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas, adultos mayores y madres solteras, quienes forman parte esencial de la estructura productiva y social de México.
Los pequeños y medianos productores, que juegan un rol crucial en el mercado nacional promoviendo productos esenciales para el abasto familiar y comunitario, serán beneficiados directamente de esta reforma, que busca no solo mejorar su calidad de vida sino también asegurar una distribución más justa de los recursos y apoyos gubernamentales.
