¿Reforma Judicial o Golpe al Estado de Derecho? La Encrucijada Democrática de México
Editor web Maya Comunicación 
La Jabalinada
Por Bruno Cortés
El panorama político en México se encuentra en un momento crítico, con la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el epicentro de un debate que trasciende las fronteras de lo estrictamente legal. La reforma ha despertado críticas encendidas, como las del ex presidente Ernesto Zedillo, quien la ha descrito como una “venganza atroz” contra el Poder Judicial. El país está dividido entre quienes ven en la reforma un intento por democratizar el sistema judicial y quienes la interpretan como una maniobra para concentrar el poder en el Ejecutivo. Pero ¿es este solo un capítulo más en la compleja relación entre los poderes del Estado o representa un punto de inflexión en el rumbo de la democracia mexicana?
Ernesto Zedillo: Una Voz Crítica en el Debate Judicial
Ernesto Zedillo, quien presidió México de 1994 a 2000, ha emergido como una de las voces más críticas frente a la reforma judicial impulsada por López Obrador. Durante su intervención en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados, Zedillo fue tajante: el voto popular para elegir a jueces y magistrados es, en su opinión, una fachada que encubre un intento por controlar el Poder Judicial. Desde su perspectiva, la independencia de los jueces es un pilar esencial de la democracia, y cualquier movimiento que lo socave es un paso hacia el autoritarismo.
Zedillo no se anduvo con rodeos. Calificó la reforma de López Obrador como “demagogia pura” y alertó sobre las consecuencias desastrosas que tendría para el sistema judicial en México. Según el ex mandatario, si los jueces son elegidos por voto popular, el sistema corre el riesgo de politizarse aún más, con jueces que no responderán a la ley, sino a las demandas del Ejecutivo y del Legislativo. Esto, en su opinión, podría erosionar la separación de poderes y llevar al país hacia un régimen más autoritarista, donde el equilibrio de fuerzas se vea irremediablemente afectado.
Zedillo recordó que, durante su mandato, uno de sus mayores logros fue precisamente la consolidación de un Poder Judicial independiente, que pudiera actuar sin las presiones de los otros poderes. Para él, la reforma de AMLO no solo representa un retroceso, sino que pone en peligro las instituciones democráticas del país.
La Respuesta de AMLO: Justicia para el Pueblo o Control Político
Por su parte, López Obrador no ha titubeado en responder. En su característico estilo, calificó las críticas de Zedillo como «de risa» y las tachó de alarmistas. AMLO defiende la reforma como una herramienta necesaria para combatir la corrupción en el sistema judicial y hacer que la justicia sea accesible para todos los ciudadanos, no solo para aquellos con influencias políticas o económicas. Según el presidente, el voto popular para elegir jueces no es una amenaza, sino un paso hacia una mayor democratización del Poder Judicial, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir quién imparte justicia.
La reforma también propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, lo que López Obrador argumenta es necesario para hacer más eficiente el sistema. Además, la creación de nuevos órganos administrativos dentro del Poder Judicial busca, en su opinión, dotar de mayor transparencia al proceso judicial y asegurar que el poder de los jueces no sea absoluto.
El presidente ha insistido en que su administración está comprometida con la independencia judicial y que las acusaciones de Zedillo y otros críticos son infundadas. Asegura que la reforma no busca subordinar a los jueces, sino asegurarse de que estos sean responsables ante el pueblo, no ante las élites.
El Paro en la Suprema Corte: Una Divisón Que Duele
El impacto de esta controversia ha resonado más allá de los círculos políticos, afectando directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 20 de agosto de 2024, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro en protesta contra la reforma judicial, paralizando gran parte del sistema de justicia. Las manifestaciones, que se prolongaron por casi un mes, contaron con el apoyo de algunos ministros de la Corte, quienes vieron en la reforma un intento por debilitar la independencia del Poder Judicial.
Norma Piña, presidenta de la SCJN, fue una de las figuras más visibles en la oposición a la reforma, defendiendo el principio de un Poder Judicial autónomo y sin injerencias políticas. Piña, junto con otros ministros, señaló que la reforma podría traer consigo la eliminación de pensiones vitalicias para los ministros y la reducción del mandato de 15 a 12 años, medidas que podrían desmotivar a los mejores juristas a aspirar a puestos en la Corte.
Durante el paro, sin embargo, la SCJN siguió trabajando en casos urgentes, resolviendo más de 8,500 asuntos críticos, lo que evidenció el papel vital que este órgano juega en el sistema judicial mexicano. A pesar de la reanudación de actividades el 17 de septiembre, las divisiones dentro de la SCJN no han desaparecido, y el futuro de la reforma sigue siendo incierto.
El Reconocimiento de los Pueblos Indígenas: Un Paso Hacia la Justicia Social
En paralelo a este acalorado debate, la Cámara de Diputados está discutiendo una reforma de igual importancia, aunque centrada en otro aspecto del tejido social mexicano: el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Esta reforma, impulsada por López Obrador el 5 de febrero de 2024, busca otorgar personalidad jurídica a estas comunidades, permitiéndoles gestionar sus recursos y tomar decisiones autónomas en cuanto a su desarrollo.
El reconocimiento constitucional de estos pueblos como sujetos de derecho público sería un paso histórico en la lucha por los derechos de las comunidades indígenas en México, quienes durante siglos han sido marginados por el Estado. La reforma no solo les otorgaría la capacidad de administrar sus recursos, sino que también protegería su patrimonio cultural y su propiedad intelectual colectiva, garantizando que sus tradiciones e identidades permanezcan intactas.
Este avance legislativo ha sido fruto de un largo proceso de consulta con más de 20 mil representantes indígenas, lo que demuestra el compromiso del gobierno con la inclusión de estas comunidades. Sin embargo, se espera que la discusión en el pleno sea intensa, pues la reforma plantea preguntas difíciles sobre la autonomía y los recursos destinados a los pueblos indígenas.
La ENVIPE 2023 y la Percepción de Seguridad en México
Otro tema que no ha pasado desapercibido es la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 por parte del INEGI. Los resultados de la encuesta han revelado que, si bien el porcentaje de hogares que reportaron al menos un integrante víctima de un delito ha disminuido ligeramente, la cifra negra sigue siendo alarmantemente alta, superando el 90%. Esto significa que la mayoría de los delitos en México no son denunciados, lo que pone de manifiesto una profunda desconfianza en las instituciones de seguridad.
La percepción de inseguridad sigue siendo alta, con el 74.6% de la población adulta considerando que vivir en su entidad federativa es peligroso. Sin embargo, se ha observado una leve mejora en la confianza hacia las policías locales, lo que podría ser un indicio de que las reformas en seguridad pública están comenzando a dar frutos.
El Simulacro Nacional 2024: Preparación Ante Desastres
Por último, el 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2024, una fecha significativa para los mexicanos debido a los devastadores sismos que han ocurrido en ese día. Este simulacro es un recordatorio de la importancia de estar preparados ante desastres naturales y forma parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la cultura de prevención en el país.
El simulacro incluirá por primera vez el envío de un mensaje de alerta sísmica a los teléfonos celulares de los habitantes de Ciudad de México y Estado de México, lo que refleja un avance tecnológico en la protección civil.
El escenario político en México está atravesando un momento decisivo, donde la independencia del Poder Judicial, los derechos de los pueblos indígenas y la seguridad pública son temas cruciales que definirán el futuro del país. Mientras las voces críticas y defensoras de la reforma judicial continúan debatiendo, es esencial que los ciudadanos permanezcan atentos y exijan que las decisiones que se tomen sean en beneficio de la democracia y el bienestar común.
