Por Juan Pablo Ojeda
La reciente reforma al Poder Judicial en México, aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de septiembre, ha generado una ola de preocupación entre unas 60 organizaciones de la sociedad civil de América Latina. En un comunicado emitido este viernes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y otras ONG’s destacaron que esta reforma, que busca elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, podría “socavar gravemente la independencia judicial” en el país.
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, ha sido criticada por incrementar la influencia política en el proceso de selección de personas juzgadoras. De acuerdo con las organizaciones, la propuesta introduce un riesgo significativo de influencias indebidas tanto por actores políticos como por el crimen organizado, deteriorando la profesionalización y la imparcialidad de la judicatura.
Principales Controversias
El comunicado advierte que la reforma contempla el cese de aproximadamente 1,800 personas juzgadoras, lo cual podría vulnerar la garantía de inamovilidad y tener un impacto directo en el acceso a la justicia para los ciudadanos. Además, se introduce la figura de los “jueces sin rostro”, una medida ampliamente rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, por su potencial vulneración a la imparcialidad judicial y el derecho de defensa.
Llamado a la Precaución
Las ONG’s han hecho un llamado urgente al Senado mexicano para que analice minuciosamente la propuesta, considerando sus implicaciones para la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Subrayan la importancia de asegurar que cualquier reforma se base en un diagnóstico objetivo, con soluciones acordes a problemas identificados y respaldadas por evidencia técnica y empírica.
Exigencias de la Sociedad Civil
Las organizaciones instan al Congreso mexicano a garantizar que las reformas respeten los estándares internacionales, estableciendo un proceso de selección judicial basado en méritos y calificaciones, y asegurando la participación efectiva de la sociedad civil. También demandan que los cambios garantice el presupuesto necesario para asegurar el acceso a la justicia y evitar interferencias externas en las funciones judiciales.
Preocupación Internacional
El comunicado también alerta a la comunidad internacional sobre el riesgo que representa la reforma para la separación de poderes y el Estado de derecho en México. Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Acción Cívica contra la Corrupción (Chile), Acción Solidaria (Venezuela), y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA/Estados Unidos), solicitan una vigilancia estrecha para evitar que la reforma erosione la independencia judicial y el acceso a la justicia en el país.
La votación final en el Senado será crucial para determinar el futuro de esta reforma y su impacto en el sistema judicial mexicano. Las ONG’s y la comunidad internacional permanecerán atentas a los desarrollos en esta materia, que podrían definir el equilibrio de poderes y la justicia en México en los próximos años.