Hoy inicia una etapa crucial en el debate sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldada por Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, que busca transformar la forma en que se eligen jueces, ministros y magistrados en México. A pesar de su inminente avance y probable aprobación, la iniciativa parece encontrarse en un limbo de percepción pública, según revela una reciente encuesta realizada por El Financiero.
Según los datos recogidos, el 62% de los mexicanos encuestados admiten estar poco o nada informados sobre los detalles de esta reforma. Solo un 35% afirma conocer algo o mucho al respecto. Este desconocimiento generalizado podría ser un obstáculo significativo para la legitimidad y aceptación pública de la propuesta, que propone la elección directa de los mencionados funcionarios judiciales a través de votaciones populares.
Uno de los aspectos más destacados de la encuesta es el cambio en la opinión pública respecto a la elección directa de ministros y jueces. A principios de año, un 64% de los encuestados se mostraban a favor de esta medida, mientras que un 19% se oponía. Sin embargo, para junio, estas cifras habían variado: solo el 59% se mostraba a favor, y el grupo opuesto había crecido al 29%. Este cambio podría reflejar una mayor atención y debate público, alimentado por preocupaciones expresadas por abogados, instituciones y expertos sobre los potenciales riesgos de la reforma.
Particularmente preocupante es la percepción sobre los efectos de estas elecciones populares en la corrupción dentro del Poder Judicial. Más del 56% de los encuestados considera que la corrupción no disminuiría con este cambio, e incluso podría aumentar. Este escepticismo se fundamenta en la creencia de que problemas arraigados como la corrupción, el nepotismo y el control de intereses persistirían, independientemente del método de selección de los funcionarios judiciales.
Al consultar sobre la percepción de corrupción en los tres poderes del gobierno, el Poder Judicial encabeza la lista con un 60% de los encuestados que consideran que existe «mucha» corrupción entre ministros, magistrados y jueces. Esta cifra supera la percepción de corrupción entre los legisladores (57%) y los funcionarios del gobierno federal (53%).
En conclusión, mientras el gobierno de López Obrador busca reformar el Poder Judicial como respuesta a problemas sistémicos como la corrupción, la falta de información y el escepticismo público podrían ser obstáculos significativos en el camino hacia la aprobación y la implementación efectiva de esta controvertida medida. La opinión pública y el debate informado jugarán un papel crucial en determinar el futuro de la justicia en México.