Por Bruno Cortés

La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del grupo parlamentario del PRI, ha presentado una iniciativa que busca cambiar una de las reglas del juego dentro del sistema judicial mexicano. Su propuesta es una reforma al Código Penal Federal para hacer frente a un problema que, aunque no siempre se visibiliza, afecta la eficacia del sistema de justicia: las denuncias falsas.

En su iniciativa, Rejón Lara plantea que se añada al artículo 248 bis del Código Penal que aquellas personas que presenten denuncias falsas, con pruebas claras de que sus acusaciones son inventadas, enfrenten sanciones severas. Las penas serían de dos a seis años de prisión y una multa económica que podría ir de cien a trescientos días. La idea es dejar claro que, aunque el derecho a denunciar es fundamental, utilizarlo de forma malintencionada tiene consecuencias.

Esta reforma tiene como objetivo aclarar y diferenciar entre lo que es una falsa denuncia y la simple falsedad de declaraciones. En pocas palabras, se busca evitar que quienes inventan hechos delictivos como venganza, manipulación o extorsión salgan impunes. A través de esta reforma, se pretende sancionar este tipo de conductas de forma eficaz, pero sin afectar a quienes, de manera legítima, acuden a la justicia.

Para la diputada, las denuncias falsas representan un doble daño. Por un lado, malgastan los recursos de las autoridades, que deben invertir tiempo, dinero y personal en investigar casos que no existen. Por otro lado, se comete una injusticia con las personas que son acusadas sin fundamento, afectando su reputación, su vida y sus derechos. En ese sentido, Rejón Lara señala que se requiere una reforma clara, que dé certezas y sanciones proporcionales a quienes usen el sistema judicial con fines fraudulentos.

Aunque en el Código Penal ya existe un apartado que habla sobre la falsedad de declaraciones, la reforma es necesaria porque no regula específicamente el acto de presentar una denuncia falsa ante el Ministerio Público u otras instancias judiciales. Esto ha provocado un vacío legal, que deja en la impunidad a quienes hacen mal uso del sistema.

La diputada también pone en la mesa un tema delicado: el impacto de las denuncias falsas sobre la igualdad de género. Aunque no se hace distinción de género en la reforma, Rejón Lara recalca que la sanción debe aplicarse sin sesgos hacia hombres o mujeres, evitando que surjan percepciones de impunidad o discriminación en el acceso a la justicia.

El objetivo final de esta reforma es fortalecer el sistema de justicia en México, protegiendo tanto a las víctimas reales de delitos como a aquellos que puedan ser falsamente acusados. Si se sancionan adecuadamente las denuncias falsas, se garantiza que las instituciones se concentren en casos legítimos, se reduzca la desconfianza hacia el sistema y, a largo plazo, se mejore la eficiencia en la atención a víctimas reales.

En resumen, esta iniciativa busca dar un paso hacia un sistema judicial más justo y eficaz, que castigue el abuso del derecho a denunciar, pero que también proteja el acceso a la justicia para todas las personas, sin importar su género.