Por Juan Pablo Ojeda
Este martes, después de una semana de deliberaciones, los congresos locales de México aprobaron la reforma constitucional para la simplificación orgánica, un cambio significativo que eliminará siete organismos autónomos clave, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Esta reforma fue aprobada por la mayoría de los congresos locales, siendo el Congreso de Yucatán el que otorgó el voto decisivo para que la reforma sea promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y entre en vigor.
La reforma se centró en la eliminación de estos organismos autónomos, que tradicionalmente han operado de manera independiente del gobierno federal. A partir de ahora, sus atribuciones serán transferidas a diversas dependencias del Gobierno Federal, lo que ha generado gran controversia entre los especialistas y actores políticos de la oposición. Muchos consideran que este cambio podría poner en peligro la imparcialidad y la transparencia, al concentrar demasiado poder en las manos del gobierno.
El impacto de la reforma y la oposición
La reforma fue aprobada en la mayoría de los congresos locales, destacando estados como Tabasco, Oaxaca, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, y la Ciudad de México, entre otros. Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes ocurrió en Baja California, donde los diputados locales, en su mayoría de MORENA, rechazaron la iniciativa. Argumentaron que la eliminación de estos organismos podría generar decisiones arbitrarias y comprometer la imparcialidad del gobierno.
Entre los organismos que serán eliminados, se encuentran el INAI, que recientemente había solicitado un mayor diálogo y análisis sobre los efectos de la reforma, pero su petición fue rechazada. Además, desaparecerán el Coneval, que evaluaba políticas sociales, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y otras instituciones encargadas de la supervisión de sectores clave de la economía y la educación en el país.
El futuro de los organismos eliminados
Con la desaparición de estos organismos autónomos, sus funciones y responsabilidades serán absorbidas por dependencias del gobierno federal. Esta situación ha levantado alertas, ya que muchos críticos temen que, al concentrar estas atribuciones en el gobierno, se podría perder la capacidad de supervisar y regular de manera independiente. Además, la reforma establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para aprobar las leyes secundarias que definirán cómo se llevará a cabo la transición de estos organismos hacia las nuevas estructuras gubernamentales.
La crítica de la oposición
Desde que se comenzó a discutir la reforma, ha habido una fuerte oposición por parte de partidos políticos y especialistas, quienes aseguran que el nuevo esquema podría dar pie a una mayor concentración de poder en el gobierno federal y a decisiones sin la supervisión adecuada. Este tema ha desatado un amplio debate sobre la autonomía de las instituciones en México y el papel del Congreso en la supervisión del Ejecutivo.