Por Bruno Cortés
En el Senado de la República, se dio un paso importante en la transformación del Poder Judicial mexicano. Este lunes, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron una minuta que propone importantes cambios en cómo se gestionan las altas magistraturas del país. La nueva reforma, que contó con el respaldo de senadores de Morena, PT y PVEM, con 25 votos a favor y 12 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, busca reducir el tamaño y los privilegios de los jueces y magistrados.
Entre los cambios más destacados está la reducción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasará de 11 a 9. También se acortará el tiempo que los ministros pueden permanecer en sus cargos, de 15 a 12 años. Además, se estableció que nadie podrá repetir en el cargo una vez terminado su periodo, y la presidencia de la SCJN será renovada cada dos años de manera rotatoria, según el número de votos obtenidos en la elección.
Un punto clave de esta reforma es la introducción de un método democrático para la selección de ministros, magistrados y jueces. La propuesta establece que estos cargos se elegirán mediante un voto universal, directo y secreto. Para ser considerado para uno de estos puestos, los candidatos deberán tener un título en derecho con calificaciones mínimas específicas y al menos cinco años de experiencia profesional en el ámbito jurídico.
Durante el debate, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, defendió la reforma argumentando que busca acabar con la impunidad y la corrupción, garantizando la independencia judicial a través de un proceso electoral transparente. Por otro lado, Ricardo Anaya Cortés, del PAN, criticó el proceso de selección, señalando que podría estar sesgado a favor de los legisladores de Morena que dominan el Congreso.
Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, cuestionó la constitucionalidad de algunos aspectos del dictamen, argumentando que podría contradecir otros artículos de la Constitución y tratados internacionales como el T-MEC. En respuesta, Waldo Fernández González del PVEM, defendió la reforma afirmando que los nuevos requisitos para ser ministro o magistrado evitarán el nepotismo y mejorarán la calidad del servicio.
Desde el PT, Geovanna Bañuelos de la Torre afirmó que la reforma busca transformar el Poder Judicial en beneficio de la gente, en contraste con la oposición que, según ella, defiende intereses particulares y privilegios. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, expresó preocupaciones sobre cómo la reforma podría comprometer la imparcialidad y la autonomía del sistema judicial, al dar prioridad a la popularidad sobre la capacidad técnica.
Este debate y la aprobación de la reforma marcan un cambio significativo en el Poder Judicial mexicano, con el objetivo de hacer el sistema más transparente y menos susceptible a abusos. Sin embargo, los debates continúan, y la reforma todavía deberá superar más obstáculos antes de ser implementada en su totalidad.