Reforma al Artículo 3: ¿Amenaza o Fortalecimiento de la Propiedad Privada en la CDMX?

La reciente reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, presentada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, ha desatado una ola de confusión entre los ciudadanos, especialmente en torno a su impacto sobre los derechos de propiedad privada. A continuación, desglosamos los aspectos clave de esta reforma y sus posibles implicaciones.

Principales Cambios

Modificación del Texto:
El cambio más notable radica en la redacción del artículo 3, que anteriormente garantizaba el «respeto a la propiedad privada». La nueva versión establece que el respeto a la propiedad se regirá «en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Esta modificación unifica la interpretación de la protección de la propiedad privada bajo el marco federal, en lugar de una versión específica para la Ciudad de México.

Alineación con la Constitución Federal:
Este ajuste no implica la eliminación de la protección a la propiedad privada, sino que busca armonizar la legislación local con la federal. Así, cualquier interpretación o aplicación del derecho a la propiedad se hará de acuerdo con los lineamientos establecidos a nivel nacional.

Facultades del Gobierno Local:
Una novedad importante de la reforma es la facultad otorgada al gobierno local para definir «modalidades de la propiedad privada» en función del interés público. Esto abre la puerta a posibles limitaciones o restricciones sobre la propiedad, siempre y cuando se justifiquen por el bienestar colectivo.

Implicaciones para los Derechos de Propiedad

Mantenimiento de la Protección:
A pesar de los cambios, la propiedad privada sigue siendo un derecho reconocido tanto en la Constitución local como en la federal. Esto significa que la protección de este derecho permanece intacta, y los ciudadanos aún cuentan con los mismos medios de defensa.

Prioridad del Interés Público:
La reforma pone énfasis en que, aunque la propiedad privada está protegida, el interés público puede tener prioridad. En la práctica, esto podría permitir al gobierno local llevar a cabo expropiaciones, siempre que se justifiquen adecuadamente y se otorgue una indemnización justa.

Certeza Jurídica:
Uno de los objetivos declarados de la reforma es ofrecer mayor certeza jurídica al alinear la Constitución local con la federal. Esto podría traducirse en una mayor claridad sobre los derechos y obligaciones de los propietarios, reduciendo la ambigüedad en materia legal.

En Resumen

La reforma al artículo 3 no elimina el derecho a la propiedad privada, sino que lo recontextualiza dentro de un marco jurídico que prioriza el interés público. Esto permite al gobierno local establecer ciertas condiciones sobre el uso y disfrute de la propiedad privada, en un esfuerzo por equilibrar los derechos individuales con las necesidades colectivas. La clave está en entender que la propiedad privada sigue siendo un derecho protegido, pero ahora con un enfoque más alineado a los intereses de la comunidad en general.