Por Bruno Cortés

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, una modificación que promete transformar la forma en que el gobierno mexicano maneja las contrataciones públicas. Con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno federal generó un debate apasionado en el Congreso.

Una de las principales novedades de esta reforma es la eliminación de CompraNet, el sistema electrónico que se utilizaba para hacer transparentes las contrataciones y licitaciones de obras públicas. En su lugar, el gobierno propone la creación de una nueva plataforma, la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que estaría bajo la administración de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia del proceso, pero también ha suscitado dudas sobre si realmente se logrará una mayor transparencia o si, por el contrario, se abrirán nuevas puertas para la opacidad.

Otro aspecto controversial de la reforma es que exime a las Fuerzas Armadas de las obligaciones de transparencia en la contratación de obras o servicios relacionados con proyectos estratégicos que desarrollen bajo convenios con otras entidades públicas. Esto incluye obras emblemáticas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en los que el Ejército mexicano ha tenido un papel protagónico durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Las Fuerzas Armadas, que desde administraciones pasadas han ganado terreno en el ámbito de la construcción y ejecución de obras, ahora tendrían aún más margen para operar fuera del escrutinio público. Según el dictamen aprobado por Morena y sus aliados, estos proyectos no estarían sujetos a las mismas reglas de transparencia que el resto de las contrataciones públicas.

La reforma también establece restricciones en las contrataciones, con el objetivo de evitar que personas o entidades con historial de prácticas monopólicas, incumplimiento de obligaciones o socios inhabilitados puedan participar en futuras licitaciones. Aunque la intención es prevenir actos de corrupción, no todos los actores políticos están convencidos de que este cambio vaya a ser efectivo.

La diputada Abigail Arredondo Ramon, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su preocupación durante el debate. En sus palabras, la reforma podría abrir las puertas a nuevos actos de corrupción y clientelismo. Recordó que ya existen antecedentes documentados de irregularidades en proyectos como el Tren Maya, donde incluso los hijos del presidente López Obrador habrían estado involucrados, lo que generó dudas sobre la transparencia de la obra.

La reforma a la Ley de Obras Públicas es un tema caliente que sigue dividiendo opiniones. Mientras algunos consideran que es un paso hacia una mayor eficiencia y modernización en las contrataciones públicas, otros temen que esta modificación reduzca los mecanismos de control y favorezca la opacidad, especialmente en proyectos donde las Fuerzas Armadas tienen una participación creciente.

Este es un cambio significativo en la manera en que se gestionan los recursos públicos en México, y el tiempo dirá si realmente logra reducir la corrupción y mejorar la ejecución de las obras, o si, por el contrario, se convierte en una puerta abierta a malas prácticas y falta de rendición de cuentas.