Por Bruno Cortés

La Cámara de Diputados discutió  la reforma a la Ley de Amparo con el objetivo de adecuarla a la reciente transformación del Poder Judicial en México. La iniciativa, presentada por la Comisión de Justicia y fundamentada por su presidente, el diputado Julio César Moreno Rivera, busca fortalecer el acceso a la justicia, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales.

La armonización de la Ley de Amparo con las reformas constitucionales recientes permitirá consolidar un marco normativo más coherente y eficaz. Entre los cambios más relevantes, se destaca la improcedencia del juicio de amparo contra decisiones del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que busca evitar que se utilicen mecanismos legales para retrasar o evadir la justicia.

Otro de los avances clave es la consolidación de los precedentes obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A partir de esta reforma, las sentencias del máximo tribunal tendrán un carácter vinculante para todas las autoridades judiciales, siempre que sean aprobadas por una mayoría de seis votos. Esta medida permitirá generar mayor certeza jurídica y uniformidad en la aplicación de la ley en todo el país.

El dictamen también elimina disposiciones que hacían referencia a las salas de la SCJN, debido a que la reforma al Poder Judicial establece que el tribunal pleno será el único encargado de sesionar. Además, se incorpora un lenguaje más incluyente y preciso en la legislación, actualizando términos como «Distrito Federal» por «Ciudad de México» y sustituyendo el uso del «salario mínimo» por la «Unidad de Medida y Actualización» (UMA), asegurando así una mayor congruencia con las normas vigentes.

Julio César Moreno Rivera subrayó que esta reforma representa un paso significativo hacia una impartición de justicia más eficaz y transparente. Con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, se fortalecerá la supervisión sobre jueces y magistrados, garantizando que su desempeño se ajuste a los principios de legalidad y equidad.

Por otro lado, la reforma al juicio de amparo refuerza el principio de supremacía constitucional al establecer que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma general solo beneficiarán a las partes involucradas, salvo en los casos determinados por la SCJN. Este ajuste evita el uso indiscriminado del amparo como herramienta para frenar reformas legislativas de interés público.

En términos generales, la adecuación de la Ley de Amparo garantizará que los mecanismos de protección jurídica no sean utilizados de manera discrecional y que los procesos judiciales sean más rápidos y accesibles. Con esta reforma, el Poder Judicial se fortalece como un pilar fundamental del estado de derecho, asegurando que la justicia en México sea más ágil, equitativa y efectiva para todos los ciudadanos.