Reducen sanción a exfuncionaria del CAICE en caso Guardería ABC
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
Marcela Fimbres Ibarra, quien se desempeñó como administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Sonora, ha visto reducida su sanción de 12 años a solo tres meses tras una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Esta reducción se produce luego de que una investigación revelara que Fimbres utilizó su cargo para beneficiar a tres familiares con contratos millonarios.
El CAICE fue creado en 2009 para atender a sobrevivientes del trágico incendio en la Guardería ABC, que resultó en la muerte de 49 menores. La denuncia inicial, apoyada por el periodista Alan Aviña, reveló que Fimbres otorgó contratos por 10 millones de pesos a su cuñado Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, entre otros familiares.
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había impuesto una sanción de 12 años de inhabilitación a Fimbres, comenzando el 4 de diciembre de 2020. Sin embargo, Fimbres impugnó la decisión, argumentando que el OIC carecía de la autoridad para imponer tales sanciones.
El TFJA, tras revisar el caso, decidió reducir la pena a tres meses, la sanción mínima por la falta administrativa en cuestión. El tribunal argumentó que Fimbres no se benefició económicamente de la infracción y que no causó un daño significativo a la administración pública.
La resolución del TFJA ha sido criticada por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, que califican la reducción de la sanción como un “retroceso en el combate a la corrupción”. La organización también advierte que este fallo podría sentar un “precedente para sanciones laxas en futuros casos de corrupción”.
Iniciativa Sinaloa ha solicitado al OIC del IMSS y a la Secretaría de la Función Pública que presenten los recursos legales necesarios para impugnar la decisión del TFJA y asegurar una respuesta adecuada ante el caso de corrupción.
Este caso resalta la continua batalla contra la corrupción en el sector público y el desafío de asegurar que las sanciones reflejen adecuadamente la gravedad de las infracciones cometidas.
