Las redes sociales han demostrado ser una herramienta poderosa para el escrutinio de la gestión de fondos públicos. A través de estas plataformas, los ciudadanos tienen la oportunidad de participar de manera más directa en la gestión pública, lo que permite una mayor inclusión social en procesos de participación ciudadana.
Las redes sociales permiten a los ciudadanos desempeñar un papel protagónico en la ejecución, fiscalización y evaluación de las políticas públicas que velen por los intereses de la colectividad.
Los ciudadanos pueden interactuar con los agentes políticos, demandar y exhortar hechos y acciones concretas, y expresar valoraciones y opiniones sobre los procesos y las personas en cargos políticos.
Las instituciones financieras también han comenzado a utilizar las redes sociales para aumentar su presencia y reducir los riesgos.
Sin embargo, estas instituciones deben cumplir con regulaciones específicas y mantener un registro de las quejas y los comentarios del público relacionados con el desempeño de la institución.
Las redes sociales también han demostrado ser efectivas para la divulgación de informes de fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público.
Organizaciones de Francia, Reino Unido, EE.UU, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, utilizan diferentes redes sociales para divulgar información de interés para el ciudadano de una manera más sencilla, accesible, comprensible, transparente y eficaz.
Sin embargo, también existen desafíos. El discurso público en las redes sociales puede ser duro y abusivo, y el acoso cibernético puede alcanzar proporciones industriales.
Es necesario que las redes sociales tomen medidas para prevenir y eliminar este tipo de comportamientos.
En conclusión, las redes sociales han demostrado ser una herramienta valiosa para el escrutinio de la gestión de fondos públicos. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para garantizar que estas plataformas sean un espacio seguro y respetuoso para todos los usuarios.