Por Juan Pablo Ojeda:
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que, debido a los recortes solicitados por el Gobierno Federal, el presupuesto para llevar a cabo las elecciones judiciales se verá reducido considerablemente. En lugar de los 13 mil millones de pesos inicialmente proyectados, el INE ahora dispondrá de 6 mil 132 millones de pesos para organizar este proceso electoral histórico, donde los ciudadanos elegirán por primera vez a jueces, magistrados y ministros de la Corte.
El ajuste en el presupuesto ha generado un conjunto de medidas que afectarán la logística del proceso electoral. Durante la noche del miércoles, los consejeros electorales del INE presentaron un proyecto para reducir en 7 mil 72 millones de pesos los costos de las elecciones judiciales. Una de las modificaciones más destacadas es la reducción en el número de Centros de Votación, que pasará de 170 mil casillas a entre 70 y 80 mil. Además, se ha decidido suspender el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que tradicionalmente ayudan a ofrecer resultados más rápidos y transparentes.
Otro de los recortes importantes será la contratación de supervisores y capacitadores electorales, pues en lugar de los 50 mil previstos inicialmente, solo se contratarán 30 mil, lo que implica una reducción en los recursos humanos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la jornada electoral.
A pesar de estos recortes, el INE mantiene su compromiso de garantizar la transparencia y la efectividad de este proceso electoral histórico. Este viernes 20 de diciembre, el Consejo General del INE celebrará una sesión clave en la que se llevará a cabo el sorteo para asignar la letra del alfabeto que servirá para seleccionar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, así como la convocatoria para los observadores electorales. Además, se ampliará la vigencia de la credencial para votar hasta el 1 de junio de 2025, un cambio importante que permitirá que más ciudadanos puedan participar en las elecciones.
Estas elecciones judiciales, previstas para el próximo 1 de junio, son un hito en la historia del país, pues por primera vez los mexicanos podrán elegir a los encargados de la administración de justicia en el país, lo que representa un avance en el proceso de democratización del Poder Judicial.