CDMX a 12 de septiembre, 2023.- Las radios indígenas Tosepan Limaxtum y Cholollan han presentado un amparo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en México, en protesta por las normas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) que les obligan a transmitir anuncios políticos de partidos, argumentando que estas medidas atentan contra su autonomía y diversidad cultural.
El conflicto surge a raíz de las reformas al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que según las radios indígenas, se implementaron sin una consulta previa con las comunidades originarias. En lugar de ello, las reformas fueron discutidas solo con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
En un comunicado conjunto, las radios denunciaron que esta falta de consulta representa «racismo institucionalizado» y va en contra de los derechos a la autonomía de las comunidades originarias y sus sistemas normativos.
Asimismo, las radios indígenas demandaron igualdad de trato y solicitaron la anulación de las disposiciones del reglamento que no respetan su autonomía. Además, invitaron a los magistrados del TEPJF a visitar sus comunidades el 17 de septiembre para que comprendan el contexto en el que operan.
Este conflicto no es nuevo, ya que en febrero, el Comité de Radio y Televisión del INE rechazó una solicitud presentada por Radio Tosepan para quedar exenta de transmitir anuncios políticos, alegando que su concesión era igual a la de otras emisoras y, por lo tanto, debía cumplir con estas obligaciones.
La resolución fue criticada por diversas organizaciones que argumentaron que atentaba contra la autonomía de los pueblos indígenas. En julio, las radios indígenas denunciaron que la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla les notificó por correo electrónico su obligación de transmitir propaganda electoral para el segundo semestre de 2023.
Este amparo representa un capítulo más en la lucha de las radios indígenas por preservar su autonomía y diversidad cultural en un contexto electoral. El TEPJF tendrá la responsabilidad de evaluar este caso y tomar una decisión que considerará no solo las normativas electorales, sino también los derechos y valores de las comunidades indígenas en México.