El 11 de septiembre de 2024, el Congreso de Querétaro ha marcado un hito en la política nacional al convertirse en el primer estado en rechazar la controvertida reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una sesión clave, la Comisión de Puntos Constitucionales votó en contra del dictamen con un resultado de dos votos en contra y uno a favor, destacándose la decisión de la legisladora Ana Paola López del Partido Acción Nacional (PAN).
López argumentó que la reforma propuesta limitaría la creación de contrapesos y debilitaría la autonomía del Poder Judicial, generando una preocupación significativa sobre el equilibrio de poderes en el país. En contraste, el legislador Christian Orihuela de Morena defendió la reforma, viéndola como un avance necesario para reducir los altos sueldos de jueces y magistrados, y promover una mayor eficiencia en el sistema judicial.
El rechazo de Querétaro se enmarca en un contexto de divisiones a nivel estatal. Mientras estados como Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo han dado su visto bueno a la reforma, la postura de Querétaro subraya la disparidad en la respuesta de las legislaturas estatales. La decisión del Congreso queretano podría tener un impacto considerable en el proceso de aprobación de la reforma, ya que se requiere la validación de al menos 17 de los 32 congresos estatales para su implementación definitiva.
Este desarrollo añade una nueva capa de complejidad al debate sobre la reforma judicial, destacando la relevancia de las decisiones estatales en la configuración del panorama legislativo nacional.