Este martes, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto en una conferencia de prensa, mencionando que existe un tema político de fondo entre el PRI, el PAN y el gobernador. Sheinbaum sugirió que la disputa debería resolverse en las urnas en lugar de judicialmente.

Lorena de la Garza, presidenta de la Cámara de Diputados de Nuevo León, precisó que la Comisión Anticorrupción dio entrada a dos juicios políticos en contra del gobernador. Uno por el uso de recursos públicos en la contienda electoral de 2024 y otro por intentar manipular las elecciones pasadas. La acusación incluye la realización de conferencias de prensa oficiales para hacer campaña electoral, el desvío de recursos públicos y la utilización de las redes sociales oficiales para beneficiar a Movimiento Ciudadano y a sus candidatos.

De la Garza insistió en que existen pruebas suficientes para iniciar el juicio político contra García, quien presuntamente usó recursos estatales para promover las candidaturas de Jorge Álvarez Máynez a la presidencia y de su esposa, Mariana Rodríguez, a la alcaldía de Monterrey. Este supuesto uso indebido de recursos incluye conferencias de prensa y el uso de redes sociales oficiales para impulsar a sus candidatos.

En entrevista con Radio Fórmula, De la Garza mencionó que hay 19 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que acreditan violaciones a la ley por parte de García, incluyendo la violación del principio de imparcialidad. Una de estas violaciones es el anuncio que hizo sobre rifar una camioneta Tesla si Álvarez Máynez ganaba la elección, lo cual fue considerado una forma de coacción del voto.

El proceso de juicio político permitirá a García comparecer personalmente ante el Congreso o hacerlo por escrito para responder a las acusaciones. Posteriormente, el pleno del Congreso votará si el juicio avanza, requiriendo el apoyo de al menos 28 diputados. Si el juicio sigue adelante, el Tribunal Superior de Justicia determinará las sanciones, que podrían incluir desde un apercibimiento hasta la destitución o inhabilitación del gobernador.

A pesar de la controversia, De la Garza insiste en que el procedimiento no es un ataque político, sino un asunto de justicia. El desarrollo de este caso será seguido de cerca, ya que podría tener importantes implicaciones políticas y legales para el futuro de Samuel García y el panorama político de Nuevo León.