Por Juan Pablo Ojeda
Imagina que el gobierno de Morena, con su mayoría en el Congreso, decidió jugar un poco con las reglas del juego. Se les ocurrió hacer una reforma para blindar las decisiones sobre el Poder Judicial. Pero, al parecer, la idea no cayó muy bien entre algunos senadores. El senador López Hernández, después de darle muchas vueltas, anunció que era mejor dar marcha atrás en ciertos puntos del proyecto que habían mandado a la Cámara de Senadores. Y así, la propuesta fue recortada para evitar un debate complicado.
La reforma original era bastante ambiciosa y podría haber llevado a una controversia enorme. La intención era que no se pudieran presentar juicios de amparo ni acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas que afectaran a la Constitución. Para quienes no están muy familiarizados con esto, un juicio de amparo es un mecanismo que permite a los ciudadanos defender sus derechos ante decisiones del gobierno que consideran injustas. Así que la idea de que no se pudieran usar estos recursos sonaba un tanto alarmante.
Ahora, en la nueva versión de la reforma, que se discutirá en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se hicieron ajustes importantes. Por ejemplo, eliminaron algunas modificaciones propuestas para artículos clave de la Constitución, como el 1 y el 103. Sin embargo, mantuvieron los cambios en otros artículos que podrían fortalecer la Ley de Amparo, lo que indica que hay un interés en limitar la capacidad de los ciudadanos de impugnar ciertas decisiones.
La nueva propuesta señala claramente que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”. Esto significa que si se aprueba, habrá menos opciones para que los ciudadanos puedan cuestionar cambios que afecten sus derechos. En un país donde la justicia y los derechos humanos son temas tan importantes, esto puede ser visto como un retroceso.
El debate de este miércoles promete ser intenso. Los senadores tendrán que decidir si ven conveniente esta reforma, que en el fondo busca evitar que se cuestionen decisiones del Poder Judicial. ¿Es una forma de proteger la estabilidad del sistema o simplemente una manera de cerrar las puertas a la justicia para los ciudadanos? Al final, la decisión que tomen podría marcar una diferencia significativa en cómo se manejan las leyes y la justicia en México.