La problemática del robo de gas licuado de petróleo (LP) se mantiene como una amenaza crítica en diversas regiones del país. Durante los primeros meses de 2024, seis estados concentraron la mayoría de las tomas clandestinas registradas en ductos de PEMEX, de acuerdo con un estudio del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).

Puebla reportó 426 tomas ilegales, seguido de Veracruz con 245, Tlaxcala con 127, la Ciudad de México con 94, Oaxaca con 25 y Querétaro con 16. Estas cifras reflejan un patrón persistente de actividad ilícita que compromete la seguridad de las comunidades y afecta severamente al sector formal.

Los distribuidores legales de gas LP advierten que estas prácticas impulsadas por el “huachigas” no solo generan un alto riesgo de accidentes, sino que también han provocado el retiro de empresas en zonas controladas por grupos criminales. El impacto financiero para Petróleos Mexicanos alcanza los 20 mil millones de pesos anuales por concepto de robo de hidrocarburos en ductos y refinerías.

“Mediante la actividad del ‘huachigas’ se violenta el Estado de Derecho, crece la inseguridad, se desincentivan las inversiones productivas, se sustituye la actividad de una empresa legal que genera empleos formales y paga impuestos, tomando su lugar la delincuencia organizada”, señalaron representantes del sector formal.

El contexto ha llamado la atención a nivel internacional. James Rockall, presidente de la Asociación Mundial de Gas LP (WLPGA), subrayó en 2023 la gravedad del fenómeno: “El robo de gas LP debería de ser un tema prioritario para las autoridades, a nosotros nos sorprende este fenómeno, ya que a nivel mundial no estamos acostumbrados a ver esto (huachigas), es un problema específico de México”.

Ese mismo año, se detectaron 2,470 tomas clandestinas en ductos de gas LP, lo que equivale a un promedio de 6.7 perforaciones diarias.

Además del robo, otro reto que enfrentan los distribuidores es la congelación de la “Tarifa de Distribución”, la cual ha permanecido por debajo de los niveles rentables durante al menos seis meses. Esta situación ha limitado el pago de salarios, la inversión en mantenimiento y la implementación de medidas de seguridad.

El gremio señala a Alejandro Castillo, exdirector de hidrocarburos en la extinta CRE, por una reducción de tarifas del 50% “de forma drástica y sin ningún fundamento técnico ni económico”.

“La distribución de casa en casa implica una gran inversión y gastos de operación en más de 32 mil vehículos de reparto, sueldos de choferes y ayudantes especializados en el manejo de gas LP, mantenimiento de los Autotanques, de tanques de almacenamiento, válvulas de seguridad, mangueras, equipo de medición, vehículos de reparto de cilindros; para recorrer más de 60 millones de kilómetros todos los meses”, destacaron los distribuidores.

El sector hace un llamado a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Nacional de Energía (CNE), encabezada actualmente por Luz Elena González Escobar, para revisar la regulación vigente y garantizar condiciones justas para la distribución de gas LP, un servicio esencial para millones de familias mexicanas.