Puebla a 12 de septiembre de 2024.- En una jornada decisiva para el sistema judicial de México, el Congreso del Estado de Puebla aprobó ayer 11 de septiembre una ambiciosa reforma al Poder Judicial. La votación, que se llevó a cabo en el Congreso local, resultó en 28 votos a favor y 10 en contra, consolidando los cambios previamente aprobados en el Senado y en Tlaxcala.
La reforma, que genera un impacto significativo en el panorama judicial del país, introducirá modificaciones clave. Entre los cambios más destacados, se encuentra la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la eliminación de las dos salas actuales, permitiendo solo sesiones plenarias públicas. También se impondrán límites salariales a los jueces y ministros, prohibiendo pensiones vitalicias.
Uno de los puntos más debatidos de la reforma es el nuevo mecanismo de elección para ministros, magistrados y jueces, quienes serán escogidos por el pueblo cada tres años. Esta propuesta busca aumentar la transparencia y la participación ciudadana en la selección de los altos funcionarios judiciales.
La votación en Puebla no estuvo exenta de controversia. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se opuso vehementemente a la reforma, cuestionando la legalidad de la sesión extraordinaria y acusando falta de imparcialidad. Ruth Zárate y José Miguel Espinosa de los Montero, destacados miembros del PAN, criticaron la prisa con la que se aprobó la reforma, sugiriendo que este proceso acelerado contrasta con la falta de atención a otras reformas de relevancia.
La reforma también prevé la creación de dos nuevos órganos regulatorios para reemplazar al Consejo de la Judicatura Federal: uno dedicado a la administración del sistema judicial y otro al Tribunal de Disciplina Judicial. Estos organismos tendrán la responsabilidad de supervisar la actuación de la SCJN y garantizar el cumplimiento de los nuevos plazos para resolver casos judiciales.
Los estados mexicanos tendrán 180 días para ajustar sus legislaciones locales y asegurar la implementación de las nuevas directrices, con el objetivo de fortalecer la independencia y la eficiencia del sistema judicial en todo el país.
Con esta reforma, Puebla se une a un movimiento nacional hacia una justicia más transparente y participativa, marcando un antes y un después en la estructura del poder judicial mexicano.