• El drama de las personas que no vuelven a sus hogares es una herida abierta que nos ha marcado como país

Ante el horror que se destapó en días pasados con el hallazgo de un presunto campo de entrenamiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, en el Partido del Trabajo, nos solidarizamos con las familias de las personas desaparecidas que pudieron ser víctimas de la delincuencia organizada.

Confiamos en los trabajos que habrá de realizar la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, quien acusó sobre graves omisiones por parte de la Fiscalía del estado de Jalisco en las investigaciones sobre el caso.

Estamos seguros que pronto habrá resultados y se atenderá la demanda de justicia de miles de familias de desaparecidos, quienes día a día enfrentan el dolor de la incansable búsqueda de sus seres queridos.

De igual manera, estamos ciertos que las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum son atinadas, ya que están orientadas a fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a mejorar su funcionamiento.

Sin duda, el anuncio de la presentación de dos iniciativas al Congreso de la Unión para modificar la Ley General de Población y reformar la Ley en Materia de Desaparición, refieren la sensibilidad y empeño de las autoridades por esclarecer las desapariciones de personas, frenar tan lamentables hechos, dar con los responsables y castigarlos con todo el peso de la ley.

Estamos ciertos de que el eje de este gobierno humanista es la verdad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que es muy importante saber que se utilizarán herramientas tecnológicas en la búsqueda de miles de desaparecidos, una herida abierta desde mucho tiempo atrás con gobiernos conservadores irresponsables que propiciaron el crecimiento del crimen organizado.

Por ello, nos complace el anuncio de la renovación del Centro Nacional de Identificación Humana que gestionará la Plataforma Nacional de Identificación en colaboración con la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y comisiones de búsqueda, para garantizar el derecho humano a ser buscado e identificado y que la persona sin vida sea tratada con dignidad.

Apoyamos que se incorporen protocolos para generar alertas de búsqueda inmediata en todo el país, eliminando el requisito de esperar 72 horas para abrir carpetas de investigación, así como la publicación mensual de cifras sobre investigaciones relacionadas con desapariciones, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, se equiparará el delito de desaparición al de secuestro, homologando penas y procedimientos en todas las fiscalías estatales y la FGR.

Finalmente, reiteramos nuestro respeto y solidaridad hacia las familias que han perdido a un ser querido y aún no lo encuentran. Estamos con ustedes y vamos a apoyar cualquier iniciativa que abogue por el esclarecimiento de cada caso de desaparición en nuestro país.

¡Todo el Poder al Pueblo!

Por la Comisión Ejecutiva Nacional

Senador Alberto Anaya Gutiérrez

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