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Por Juan Pablo Ojeda
Hoy, el bullicio en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro es palpable. Trabajadores del Poder Judicial de la Nación han salido en masa para expresar su rechazo a la reforma propuesta que pretende cambiar la manera en que se eligen los jueces en México. El corazón del debate se encuentra en una propuesta legislativa que está en pleno proceso de discusión y que, según los manifestantes, podría poner en riesgo la independencia del sistema judicial.
La reforma en cuestión sugiere un cambio significativo en el proceso de selección de jueces, planteando que, en lugar del método actual, los jueces sean elegidos por voto popular. Esta propuesta busca que los ciudadanos tengan un papel más activo en la elección de estos funcionarios clave, lo que, según los defensores del cambio, aumentaría la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
Sin embargo, para los trabajadores del Poder Judicial, este cambio representa una amenaza directa a la imparcialidad y autonomía de los jueces. Los manifestantes, que incluyen desde jueces hasta secretarios y otros empleados del sistema judicial, argumentan que permitir que la selección de jueces dependa de votos populares puede someter a estos funcionarios a presiones externas y comprometer la justicia imparcial que es esencial para el buen funcionamiento del sistema legal.
La protesta, que ha atraído a numerosos miembros del Poder Judicial, busca llamar la atención de los legisladores sobre los posibles efectos adversos de la reforma. Los trabajadores del Poder Judicial temen que la reforma, tal como está planteada, pueda dar lugar a un sistema en el que los jueces estén más enfocados en satisfacer las expectativas del electorado o los intereses políticos en lugar de actuar de manera imparcial y objetiva.
Desde el lado legislativo, los impulsores de la reforma argumentan que el objetivo es modernizar el sistema judicial y hacerlo más transparente y accesible para los ciudadanos. Según esta perspectiva, permitir a los ciudadanos elegir a los jueces directamente fomentaría una mayor conexión entre el sistema judicial y la sociedad, alinear los jueces con las necesidades y expectativas del pueblo y, en teoría, fortalecer la confianza en el sistema judicial.
La protesta en San Lázaro es una muestra de la tensión que rodea el debate sobre esta reforma. Mientras los trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en las calles, dentro del recinto legislativo, los diputados y senadores están inmersos en discusiones sobre los pros y los contras del cambio propuesto. La preocupación entre los manifestantes es clara: la reforma podría desestabilizar un sistema judicial que, aunque imperfecto, ha funcionado con independencia y justicia hasta ahora.
A medida que la discusión continúa, el futuro de la reforma está en la balanza. Los manifestantes esperan que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta y que el proceso legislativo permita una revisión exhaustiva de los impactos potenciales de este cambio en el sistema judicial. La resolución de este conflicto será crucial para definir el rumbo que tomará el Poder Judicial en México, y el país observa atentamente cómo se desenvuelven estos debates en el Congreso.
Fotos Bruno Cortés/Maya Comunicación
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