Proponen reforzar la protección de menores embarazadas por violencia sexual
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 12 de agosto, 2024.- La diputada María de Jesús Rosete Sánchez, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una iniciativa que busca reforzar la protección de las menores de edad embarazadas, especialmente aquellas que podrían ser víctimas de violencia sexual. La propuesta, que consiste en la adición del artículo 61 Ter a la Ley General de Salud, establece que el personal de salud que atienda a una menor embarazada deberá notificar a la unidad de Trabajo Social, para que, junto con un profesional en psicología, entrevisten a la niña o adolescente y emitan un dictamen sobre su situación.
El objetivo principal de esta iniciativa es identificar posibles signos de violencia sexual en menores embarazadas y, en caso de encontrarlos, dar aviso inmediato al Ministerio Público (MP) para que se inicie la debida investigación y se garantice la seguridad de la menor. Esta medida responde a la grave situación que enfrentan muchas niñas y adolescentes en México, quienes, debido al temor, la vergüenza o la falta de apoyo, no denuncian los abusos sexuales de los que son víctimas.
Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la impunidad en los casos de violencia sexual es alarmante, con un 99% de los agresores que no enfrentan consecuencias legales. Además, un estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reveló que de cada mil agresiones sexuales cometidas anualmente en el país, solo 100 son denunciadas, 10 llegan a juicio y apenas un agresor es condenado.
Estas cifras reflejan una realidad preocupante, donde las víctimas, especialmente las niñas y adolescentes, cargan con las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia sexual. La diputada Rosete Sánchez subrayó que la violencia sexual tiene un impacto devastador en la salud sexual y reproductiva de las menores, llevándolas a embarazos no deseados y abortos inseguros, una carga que muchas veces deben soportar en silencio.
La propuesta legislativa también destaca que, aunque México ha avanzado en la creación de políticas públicas a favor de la infancia, la realidad es que muchas niñas y adolescentes no encuentran el apoyo necesario para denunciar los abusos sexuales, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y sufrimiento.
Esta iniciativa busca romper ese ciclo, estableciendo un protocolo claro para que el personal de salud actúe de manera preventiva y protectora, asegurando que las menores embarazadas reciban la atención y protección que necesitan, y que los casos de violencia sexual sean debidamente investigados.
