Proponen plazo máximo de un año para concluir investigaciones por faltas administrativas
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 18 de agosto, 2024.- En un esfuerzo por mejorar la eficiencia y la transparencia en la lucha contra la corrupción en México, el diputado Rodolfo Cardona Pérez, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una iniciativa para establecer plazos claros y definitivos en las investigaciones por presuntas faltas administrativas. Esta propuesta busca modificar los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableciendo un plazo máximo de 365 días naturales para concluir las investigaciones una vez que se haya notificado formalmente a las partes involucradas.
Según la iniciativa, una vez que se inicie formalmente una investigación, la autoridad encargada tendrá un año para resolverla. En caso de ser necesario, se podría solicitar una extensión de hasta 183 días adicionales para realizar una investigación complementaria, siempre que se notifique al denunciante o al superior jerárquico con al menos 15 días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo inicial.
La propuesta también incluye la obligación de que las autoridades investigadoras informen cada 90 días naturales al denunciante sobre el avance de la investigación, asegurando que la información se maneje de manera confidencial y respetando los datos personales de las partes involucradas.
El diputado Cardona Pérez argumenta que la corrupción es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país, afectando no solo el desarrollo social y económico, sino también la estabilidad de las instituciones democráticas. En su exposición de motivos, enfatiza que las contralorías y los órganos internos de control a menudo se enfrentan a confusión y falta de claridad en la aplicación de la ley, lo que ralentiza los procesos y debilita la confianza pública en las instituciones.
Cardona Pérez también subraya que la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones son esenciales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que México se ha comprometido. La implementación de plazos específicos y la mejora de la comunicación entre las autoridades y los denunciantes son pasos fundamentales para avanzar en esta dirección.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y discusión, y se espera que genere un debate significativo en torno a las mejores prácticas para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno.
