CDMX A 15 de agosto, 2024.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha dado un paso importante en la protección de los derechos humanos al aprobar 13 dictámenes clave, entre los que se incluye un exhorto a las secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana. Este llamado es para que, en conjunto con los gobiernos estatales, refuercen las estrategias y programas destinados a prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada y grupos de autodefensa comunitaria.
El senador Navor Alberto Rojas Mancera, presidente de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, destacó la necesidad de garantizar que los menores vivan en un ambiente libre de violencia, donde su integridad y desarrollo no se vean comprometidos. El objetivo es asegurar que cada menor en México tenga acceso a una vida pacífica y segura, libre de las garras de la criminalidad.
Además del tema del reclutamiento infantil, la Comisión también se pronunció sobre la creciente violencia contra las mujeres en el país, exhortando a las fiscalías estatales a llevar a cabo un seguimiento puntual de las investigaciones de feminicidios, y a los poderes judiciales a impartir justicia con firmeza y equidad. Marisol García Segura, diputada de Morena, subrayó la necesidad de una reforma estructural en el Poder Judicial para eliminar la corrupción y los jueces a modo que impiden un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio.
En el contexto de la salud mental, se llamó a las autoridades de seguridad pública de todos los niveles de gobierno a fortalecer y establecer servicios de apoyo psicológico accesibles, gratuitos y confidenciales para los integrantes de las corporaciones de seguridad. El estrés y los problemas de salud mental son una realidad dentro de estas corporaciones, y es crucial capacitar a los mandos para identificar y tratar estos problemas a tiempo.
Otro aspecto relevante abordado por la Comisión fue la situación de desplazamiento interno forzado, particularmente en zonas afectadas por el crimen organizado, como es el caso de los limoneros en Michoacán. Enrique Godínez del Rio, diputado del PAN, denunció cómo la extorsión ha llevado al desplazamiento de comunidades enteras, obligando a las personas a abandonar sus hogares y tierras.
Finalmente, la Comisión Permanente también emitió un llamado a las autoridades para garantizar la protección y derechos de personas en situación de calle, promover la actualización de los Atlas de Riesgos en todo el país, y asegurar la atención adecuada a la comunidad LGBTIQ+, así como a las mujeres indígenas.
Estos dictámenes representan un esfuerzo coordinado para enfrentar algunos de los problemas más graves que afectan al país, desde la violencia de género hasta el reclutamiento infantil, pasando por la salud mental y el desplazamiento forzado. Sin embargo, queda por ver si las recomendaciones del Congreso se traducirán en acciones concretas y efectivas que generen un verdadero cambio en la vida de los mexicanos.