CDMX a 25 de agosto, 2024.- El diputado Carlos Alberto Puentes Salas, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca fortalecer los incentivos fiscales para las empresas que contraten personas con discapacidad. La propuesta tiene como objetivo principal promover la inclusión laboral de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, otorgando beneficios fiscales más atractivos a los patrones.
Actualmente, la legislación vigente permite a las empresas que contratan personas con discapacidad deducir de sus ingresos acumulables el 25% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al salario efectivamente pagado a estos empleados. Sin embargo, la iniciativa de Puentes Salas plantea incrementar este estímulo fiscal de manera significativa: los patrones podrían deducir el doble del salario efectivamente pagado, siempre y cuando cuenten con el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la Secretaría de Salud.
Esta medida pretende no solo aumentar el número de personas con discapacidad empleadas, sino también ofrecerles mejores condiciones laborales y asegurar que sus derechos sean respetados.
Además del incremento en el estímulo fiscal, la iniciativa busca modificar otras leyes importantes, como la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Según el texto propuesto, las empresas estarían exentas de pagar las cuotas de seguridad social y las aportaciones a la subcuenta de vivienda para los trabajadores con discapacidad que tengan contratados. Esto significa un ahorro adicional para los empleadores y un incentivo más para la contratación de personas con discapacidad.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay más de siete millones de personas con discapacidad, lo que representa el 5.7% de la población total. Sin embargo, solo el 38% de estas personas forman parte de la población económicamente activa, un porcentaje significativamente bajo que demuestra las barreras y dificultades que enfrentan para acceder al empleo.
La falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad no es un fenómeno exclusivo de México; en toda América Latina, tres de cada cuatro personas con discapacidad están desempleadas, según diversos estudios. Este dato resalta la necesidad urgente de implementar políticas que fomenten su inclusión en el mercado laboral.
En su exposición de motivos, el diputado Puentes Salas subraya que el derecho al trabajo es fundamental, ya que es a través del empleo que las personas pueden cubrir sus necesidades básicas y ejercer otros derechos humanos. La iniciativa busca reconocer que el empleo para las personas con discapacidad no debe ser visto como un acto de caridad o una concesión, sino como un derecho inherente que permite vivir de manera plena e independiente.
La propuesta de reforma, que modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y adiciona varios artículos a las leyes del Seguro Social y del Infonavit, ha sido turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y a la Comisión de Vivienda para opinión. Si bien aún falta camino por recorrer para que esta iniciativa se convierta en ley, representa un paso importante hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad en México.
La aprobación de esta reforma no solo sería un beneficio para las personas con discapacidad, sino también para las empresas, que podrían ver reducidos sus costos operativos al tiempo que fomentan una cultura de inclusión y responsabilidad social.