Proponen garantizar paridad de género en el derecho a votar y ser votado en comunidades indígenas
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 12 de agosto, 2024.- En un esfuerzo por fortalecer los derechos políticos de las mujeres indígenas, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha presentado una propuesta de reforma al artículo 2º de la Constitución Política de México. Esta iniciativa busca incluir la paridad de género en el derecho de hombres y mujeres indígenas a votar y ser votados, un paso crucial para garantizar la igualdad en la representación política dentro de las comunidades indígenas del país.
La propuesta, actualmente en análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea añadir la palabra «paridad» al Apartado A, fracción III, del artículo 2º constitucional. Esta modificación tiene como objetivo adecuar las normativas electorales en los sistemas internos de los pueblos y comunidades indígenas, respetando y promoviendo los derechos de las mujeres bajo un enfoque de género.
La diputada Cruz Mendoza subrayó que la paridad de género debe ser un eje fundamental en la agenda pública de México. Argumentó que esta reforma es el resultado de años de lucha por los derechos de las mujeres y su participación en la toma de decisiones, y que es necesario que estos derechos queden plasmados en la Carta Magna de manera irreversible.
El contexto de esta propuesta es claro: a pesar de los avances legislativos en favor de la igualdad de género, la participación de las mujeres indígenas en la política sigue siendo limitada. Datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) muestran que en 2020, solo el 4.6% de las presidencias municipales en México estaban ocupadas por mujeres, una cifra que revela la profunda desigualdad en la representación política de las mujeres indígenas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2018, 421 municipios en México eligieron a sus autoridades mediante sistemas normativos indígenas, la mayoría en Oaxaca, con otros en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur. Sin embargo, la participación femenina en estos procesos sigue siendo un desafío debido a una cultura machista arraigada que históricamente ha excluido a las mujeres de los espacios de poder.
La reforma propuesta por Cruz Mendoza no solo busca garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso igualitario a los cargos públicos, sino también erradicar lo que describe como una «violencia simbólica» que ha legitimado la desigualdad de género en estas comunidades. Esta violencia, según la legisladora, se manifiesta en la exclusión de las mujeres de los cargos de poder, perpetuando la dominación y discriminación en los derechos políticos.
La iniciativa también resalta la importancia de adoptar una perspectiva de género y un enfoque interseccional en la legislación, reconociendo la diversidad cultural y promoviendo la participación activa de las mujeres indígenas en sus comunidades. Esto no solo implica una reforma jurídica, sino también el diseño y evaluación de políticas que aseguren la aplicación efectiva de estos derechos.
El avance hacia la paridad de género en las comunidades indígenas es un paso fundamental para cerrar la brecha de género en México y garantizar que todas las voces sean escuchadas y representadas en el ámbito político.
