Proponen extender medidas de protección a víctimas hasta la resolución final del proceso judicial

CDMX a 12 de agosto, 2024.- La diputada Adriana Guadalupe Esquinca Gómez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha propuesto una reforma crucial al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca ampliar la duración de las medidas de protección para víctimas de violencia. Esta iniciativa pretende que dichas medidas se mantengan vigentes hasta que se decrete la suspensión, resolución o conclusión del proceso judicial, garantizando así una protección continua y efectiva para las personas en situación de riesgo.

Actualmente, la ley establece que las medidas de protección y providencias precautorias tienen una duración máxima de 60 días naturales, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días adicionales. Esto significa que, en el mejor de los casos, las víctimas solo están protegidas durante 90 días, un periodo que Esquinca Gómez considera insuficiente para garantizar su seguridad.

La diputada subrayó que las autoridades tienen la responsabilidad de emitir órdenes de protección en contextos donde las víctimas han sufrido algún tipo de violencia, con el objetivo de prevenir cualquier daño adicional que pueda ser infligido por el agresor. Sin embargo, la duración limitada de estas medidas ha demostrado ser ineficaz, ya que, una vez concluido el plazo, las víctimas se encuentran nuevamente expuestas a agresiones, e incluso, en algunos casos, han perdido la vida.

La iniciativa, que ha sido turnada a la Comisión de Justicia, hace hincapié en la necesidad de que las medidas de protección sean adecuadas, efectivas y supervisadas de manera constante. Esquinca Gómez argumenta que la protección debe mantenerse hasta que las causas que dieron origen al proceso judicial hayan desaparecido por completo, asegurando así la integridad y seguridad de las personas afectadas.

La reforma también busca abordar las deficiencias en la respuesta de las autoridades, ya que en muchos casos, las víctimas se ven obligadas a presentar nuevas denuncias debido a la recurrencia y escalada de la violencia, lo que pone en evidencia una falta de acción por parte de las instituciones encargadas de su protección. Este ciclo de violencia y desprotección, según la diputada, solo puede romperse con medidas de protección que no estén sujetas a plazos arbitrarios, sino a la realidad y las necesidades de las víctimas.

De aprobarse esta reforma, se establecería un protocolo de seguimiento y evaluación de las medidas de protección, garantizando que las autoridades mantengan un control continuo sobre la seguridad de las víctimas, evitando así que se desistan de continuar con el proceso judicial debido a la falta de protección efectiva.

Esta propuesta se enmarca en un contexto donde la violencia de género y la falta de protección para las víctimas han sido temas recurrentes en la agenda pública, lo que subraya la importancia de garantizar que las medidas de protección sean verdaderamente funcionales y ajustadas a la realidad que enfrentan miles de personas en México.