Por Bruno Cortés
En un ambiente cargado de expectativa, el proceso de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) avanza con pasos firmes en la Cámara de Diputados. El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), integrante de la Sección Instructora, informó a los medios que se encuentra inmerso en un análisis exhaustivo del caso, con el objetivo de presentar un dictamen sólido este jueves. Sus palabras resonaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el eco de los pasos apresurados de los legisladores se mezcla con el murmullo de las conversaciones sobre este asunto que ha captado la atención nacional.
Bolaños-Cacho Cué destacó la seriedad con la que aborda el expediente, asegurando que su revisión se basa en una “valoración real y jurídica” de las pruebas presentadas. “He estado estudiando a profundidad la carpeta para estar en condiciones de analizar el documento que nos entregue el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), y apegarme estrictamente al procedimiento legal”, afirmó. Este compromiso refleja un esfuerzo por garantizar que el proceso no se vea empañado por acusaciones de superficialidad o favoritismo, un aspecto que el diputado subrayó al rechazar tajantemente la posibilidad de “carpetazos”.
La Sección Instructora, bajo la presidencia de Flores Cervantes, tiene la encomienda de emitir un dictamen que determinará si se admite o no la solicitud de desafuero contra Blanco Bravo, acusado de violación en grado de tentativa. El ambiente en la sala de reuniones es tenso pero ordenado, con carpetas apiladas y anotaciones meticulosas que evidencian el trabajo detrás de esta decisión. La votación de este dictamen, programada para el jueves, representa un momento pivotal que podría derivar en la pérdida de fuero del diputado morenista, un hecho que no pasa desapercibido en los pasillos del Congreso.
A pesar de las críticas, el proceso destaca por el esfuerzo de algunos legisladores por mantenerlo apegado a derecho. Bolaños-Cacho Cué insistió en la importancia de que todos los integrantes de la Sección Instructora analicen minuciosamente las pruebas. “No debe haber prisas ni descuidos; las y los diputados debemos estudiar a fondo lo que se nos presenta”, señaló, proyectando una imagen de responsabilidad que contrasta con las voces que cuestionan el ritmo del procedimiento. Este enfoque busca transmitir confianza en un caso que, por su naturaleza, exige transparencia y precisión.
Por otro lado, el diputado Germán Martínez Cázares (PAN), también miembro de la Sección Instructora, expresó su preocupación por los aplazamientos, como la cancelación de una sesión programada para las 17:30 horas. Sin embargo, su postura resalta un aspecto positivo: la necesidad de priorizar a la víctima. “La razón con la que debe comenzar este análisis es creerle a la denuncia de la víctima”, afirmó con convicción, su voz firme cortando el aire cargado de incertidumbre. Martínez Cázares pone el foco en la dimensión humana del caso, un recordatorio de que detrás de los expedientes hay una historia que merece ser escuchada.
Las declaraciones de ambos legisladores reflejan un debate interno que, aunque tenso, evidencia el esfuerzo por equilibrar el rigor jurídico con la sensibilidad social. Mientras Bolaños-Cacho Cué aboga por un análisis técnico y detallado, Martínez Cázares subraya la urgencia de no perder de vista el impacto humano del delito denunciado. Esta dualidad enriquece el proceso, mostrando una Cámara de Diputados que, a pesar de sus divisiones, busca responder a las expectativas de justicia con seriedad.
El caso de Blanco Bravo no solo pone a prueba la capacidad institucional de la Sección Instructora, sino que también tiene el potencial de sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en México. Fuentes cercanas al Congreso, citadas en plataformas como X, coinciden en que el resultado del dictamen generará un impacto político significativo, tanto para el diputado como para los partidos involucrados. Sin embargo, el énfasis en el análisis de pruebas y el apego al procedimiento legal ofrecen una luz de esperanza en un contexto donde la confianza en las instituciones a menudo se ve cuestionada.
A unas horas de la presentación del dictamen, la atención se centra en el jueves como un día decisivo. El sonido de las plumas sobre el papel y el tecleo constante en las oficinas de la Sección Instructora son testigos de un proceso que, con sus imperfecciones, avanza con un objetivo claro: resolver un caso sensible de manera justa y transparente. El desenlace, aún incierto, marcará un capítulo relevante en la política mexicana contemporánea.
