Procesan a seis funcionarios por tortura sexual a periodistas en Izúcar de Matamoros, Puebla
Editor web Maya Comunicación 
Este jueves, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) logró que un juez vinculara a proceso a seis servidores públicos del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su presunta participación en los delitos de tortura sexual y abuso de autoridad contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
Los hechos se remontan al 10 y 11 de marzo de 2023, cuando agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros detuvieron de manera arbitraria a las hermanas Hoyos López, luego de que éstas realizaran cobertura periodística durante las manifestaciones del Día Internacional de las Mujeres.
Los agentes identificados como Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M” fueron señalados por la Fiscalía como los responsables de la detención de las periodistas y dos activistas adicionales. Durante su detención en los separos municipales, las víctimas habrían sido objeto de tocamientos lascivos y amenazas, según detalla el expediente de la Fiscalía.
La Fiscalía Especializada indicó que los actos de tortura fueron realizados con la intención de castigar la libertad de expresión de las víctimas, constituyendo un grave atentado contra los derechos humanos y la integridad de las periodistas.
En la audiencia, la agente del Ministerio Público presentó más de 100 elementos de prueba, incluyendo testimonios y evidencia física que respaldan las acusaciones contra los agentes municipales. Además, se mencionó que la orden de detención supuestamente habría sido emitida por la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres.
Este caso no es el primero en el que los agentes municipales enfrentan acusaciones penales. Previamente, también se les investigó por falsedad en informes presentados ante una autoridad, en relación con los mismos eventos. El juez determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante el cual se evaluará la evidencia adicional y se tomarán declaraciones.
A pesar de las graves acusaciones, el juez decidió no imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los acusados, debido a su disposición para colaborar con las autoridades judiciales. Sin embargo, se les prohibió acercarse a las víctimas y testigos del caso durante el proceso legal.
El caso ha generado indignación y llamados a la justicia por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y del gremio periodístico, quienes han insistido en la importancia de proteger la libertad de expresión y garantizar la integridad física y psicológica de quienes ejercen el periodismo en México.
